El avance de la causa por la muerte de Ángel López sumó un nuevo foco de conflicto, esta vez vinculado a la representación legal del padre del niño. El abogado Roberto Castillo denunció que existen intentos de impedir su participación en el proceso, mientras que el Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia advirtió que el letrado no cuenta con matrícula habilitante en la provincia.
Castillo, quien representa a Luis López, sostuvo públicamente que desde la institución local “buscan silenciar a la familia” e incluso presionarlo para que abandone la causa. Según explicó, no pudo completar su matriculación en Chubut, lo que —afirma— limita su intervención directa en el expediente.
Del otro lado, el Colegio de Abogados confirmó que analiza avanzar con una presentación formal al considerar que el profesional no está habilitado para ejercer en la jurisdicción. Su presidente, Pedro Ferreira, señaló que, de corresponder, podrían elevar el caso ante la Justicia o al tribunal disciplinario del colegio donde el abogado tenga matrícula.
En ese contexto, desde la institución remarcaron que sin matrícula local un abogado no puede realizar presentaciones judiciales ni participar en audiencias como representante. No obstante, Castillo aseguró que forma parte del expediente a través del trabajo conjunto con una letrada habilitada en la provincia.
El cruce se da en un momento clave del proceso judicial, luego de que la madre del niño y su pareja quedaran en prisión preventiva. La disputa suma tensión a una causa que ya se encuentra bajo fuerte escrutinio público y judicial.
En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) de Comodoro Rivadavia por 60 días, con el objetivo de auditar su funcionamiento. El área, que asiste a los juzgados de Familia, quedó en el centro de las críticas tras conocerse que el menor había sido restituido al entorno donde ocurrió el hecho.
Mientras la investigación avanza, el caso no solo busca determinar responsabilidades penales, sino que también abre interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial y de protección de la niñez en la región.
