La causa que investiga a una presunta secta rusa en San Carlos de Bariloche sumó este martes un nuevo capítulo judicial luego de que la Fiscalía anunciara que buscará impedir que Rudnev Konstantin acceda al beneficio de prisión domiciliaria.
El imputado, señalado como líder de la organización investigada, permanece detenido en la Unidad Penitenciaria N°6 mientras se define si finalmente podrá ser trasladado a una vivienda ubicada en la localidad bonaerense de San Vicente.
La medida había sido autorizada parcialmente por los jueces Richard Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano, quienes hicieron lugar a un planteo de la defensa y habilitaron la posibilidad de que Konstantin cumpla la prisión preventiva fuera del penal.
Sin embargo, la decisión generó fuerte rechazo por parte de la Fiscalía de Bariloche, encabezada por Fernando Arrigo, que adelantó que presentará un recurso de queja para intentar revertir el fallo.
La domiciliaria todavía no puede concretarse
Más allá de la resolución judicial, el traslado todavía no fue ejecutado porque existen condiciones técnicas y operativas que aún no están garantizadas.
Entre los principales obstáculos figura la falta de una tobillera electrónica disponible para monitorear al acusado, además de la necesidad de acondicionar el domicilio donde eventualmente cumpliría la medida.
Fuentes ligadas a la investigación indicaron que, mientras esos requisitos no estén resueltos, Konstantin continuará detenido en la cárcel federal.
Además, si la nueva presentación de la Fiscalía prospera antes de concretarse el traslado, el beneficio podría quedar definitivamente sin efecto.
Una causa que sigue bajo tensión judicial
La investigación por la denominada “secta rusa” generó fuerte repercusión nacional por las características del caso y el perfil de los acusados.
La Justicia analiza presuntas maniobras vinculadas a reducción a la servidumbre, manipulación psicológica y otros delitos que habrían sido cometidos dentro de una estructura cerrada y organizada.
En este contexto, la posibilidad de otorgarle prisión domiciliaria al principal acusado abrió una nueva disputa judicial, mientras la Fiscalía insiste en que existen riesgos procesales y cuestiona que se flexibilice la detención en una causa de alto impacto.
