La oposición intentó frenar sin suerte la firma del convenio que establece una cláusula de indemnidad para futuros reclamos relacionados al pasivo ambiental. Los bienes de la compañía quedan en manos de la Provincia en lo que se ha considerado como afrenta a Comodoro.
En la sesión de este jueves, la Legislatura aprobó el acta acuerdo que firmó el gobernador Ignacio Torres con las autoridades de YPF el 26 de junio, por el cual se acuerda la transferencia a las empresas cesionarias de las concesiones de la explotación sobre las áreas “El Tordillo”, “La Tapera”, “Puesto Quiroga”, “Escalante-El Trébol” y “Campamento Central-Cañadón Perdido” y “Manantiales Behr” y una contraprestación extraordinaria de YPF S.A. a favor de la Provincia del Chubut.
La ley fue aprobada con los votos de los bloques Despierta Chubut, Familia Chubutense, Sergio González de Chubut Unido y Mariela Willliams de Primero Chubut-CET. Los bloques Arriba Chubut, el Pich y el Frente de Izquierda votaron en contra.
El gobierno asegura que la ley destina fondos a obras, servicios y necesidades prioritarias de Comodoro Rivadavia, así como a la atención de necesidades urgentes y prioritarias en materia de seguridad, salud, educación, vivienda, servicios básicos, saneamiento y desarrollo urbano en la ciudad.
El diputado provincial Gustavo Fita cuestionó la aprobación del acuerdo entre Chubut e YPF y advirtió que el verdadero costo de la salida de la empresa no se mide solo en términos ambientales: “Hay un pasivo mucho más profundo, el social y el económico”, sostuvo.
En este marco expuso: “Comodoro Rivadavia no es una ciudad más para YPF. Es la ciudad que la vio nacer. Aquí empezó una historia que durante más de un siglo dio trabajo, desarrollo, identidad y futuro a miles de familias”, señaló Fita, y sostuvo que ese ciclo “encuentra su final de la peor manera”, sin una defensa firme de los intereses de la ciudad durante la negociación que encabezó el Ejecutivo provincial.
E insistió: “No alcanza con hablar del pasivo ambiental. Hay un pasivo mucho más profundo: el pasivo social y el pasivo económico. Son los trabajadores que perdieron su empleo, los comercios que bajan sus persianas, las PyMEs que no llegan a fin de mes, los jóvenes que sienten que deben irse y las familias que viven con incertidumbre. Ese daño no se paga con la entrega de bienes ni con un cheque”, planteó.
El diagnóstico tiene números. La salida de YPF de las áreas convencionales —parte del Plan Andes, votado en 2024 e impulsado por el Gobierno de Javier Milei y la presidencia de la petrolera para concentrar todo en Vaca Muerta— ya se llevó puestos al menos 5.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la cuenca, entre petroleros, camioneros y trabajadores de la construcción, y arrastró al comercio y a las pequeñas y medianas empresas de Comodoro a una de las crisis más duras de su historia.
Tras la aprobación, Fita responsabilizó al gobernador y a los diputados que acompañaron la iniciativa. “Hace dos años dijimos que había que defender cada puesto de trabajo, porque sabíamos que ese era el verdadero camino. Hoy la realidad nos da la razón. Defender a Comodoro era defender a su gente”, sostuvo. Y remató: “En manos del gobernador Torres se escribe el capítulo final de esa historia sin defender con firmeza el futuro de los comodorenses”.
«Primero dejaron a miles de trabajadores sin trabajo. Ahora, además, liberaron a la empresa del daño que deja atrás. El que negoció y firmó fue Torres; el que diseñó la salida, el Gobierno nacional; y el que lo convirtió en ley, el oficialismo provincial y sus aliados. Cada uno de los que acompañó este proyecto es parte del mismo saldo: menos trabajo, menos recursos y un futuro más incierto para Comodoro», remarcó Fita.
