La tensión política sumó un nuevo capítulo este lunes luego de que la diputada nacional Marcela Pagano solicitara ante la Justicia Federal la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa donde se lo acusa de haber intentado entorpecer una investigación en curso.
El planteo, presentado formalmente ante un juez federal, sostiene que existiría un “riesgo procesal grave, actual e inminente”, vinculado a conductas atribuidas al funcionario en las últimas horas. Según la denuncia, Adorni habría mantenido contacto con un testigo clave —identificado como Matías Tabar— poco antes de que este declarara bajo juramento, ofreciéndole asistencia y acercándole contactos de su equipo.
Además, el escrito señala que se habría intentado eliminar mensajes de WhatsApp intercambiados con un contratista, lo que refuerza la sospecha de un posible intento de interferencia en el proceso judicial.
Para sustentar el pedido de prisión preventiva, la legisladora invocó la llamada “doctrina Irurzun”, un criterio jurisprudencial que permite considerar que los funcionarios en ejercicio, por su posición de poder, podrían influir en la investigación o en los testigos. En ese sentido, se argumenta que el rol institucional de Adorni podría facilitar maniobras de entorpecimiento si continúa en funciones.
El pedido se enmarca en distintos artículos del Código Procesal Penal y ahora queda en manos del juez interviniente resolver si hace lugar o no a la medida.
