El abogado Roberto Castillo, representante del padre del menor, anunció que avanzarán con denuncias contra el juez interviniente y profesionales que participaron en la decisión de otorgar la tenencia a la madre, hoy detenida por el hecho.
Según explicó el letrado, la presentación alcanza al juez Pablo Pérez, a la defensora oficial y a al menos dos psicólogas, entre ellas Jennifer Leiva. Las acusaciones incluyen presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en uno de los casos, falsedad ideológica, al considerar que se habrían firmado informes que no reflejaban la situación real del niño.
Castillo cuestionó especialmente el proceso que derivó en el cambio de tenencia, al sostener que no se habría evaluado adecuadamente el entorno del menor ni su situación personal. “Lo desarraigaron de su vida cotidiana y lo llevaron a un lugar donde, según entendemos, no hubo controles suficientes”, señaló.
En ese marco, también relató que el padre del niño comenzó a registrar en video sus interacciones con funcionarios judiciales ante la falta de respuestas. De acuerdo a su testimonio, en uno de esos registros se habría planteado la preocupación por el estado del menor, lo que derivó en una acusación de “violencia de género” hacia el propio padre por parte de una de las profesionales.
Más allá de los hechos puntuales, la denuncia expone una crítica más amplia al funcionamiento del sistema judicial en materia de familia. El abogado planteó que existen diferencias en el acceso a la Justicia según la situación socioeconómica y advirtió sobre posibles interferencias políticas en la designación de funcionarios.
Mientras la causa penal por el crimen sigue su curso, el foco ahora también se traslada a la actuación previa de los organismos que debían proteger al menor, en un contexto de creciente presión social y pedidos de revisión de responsabilidades.
