El proyecto, encabezado por Santiago Cafiero, busca que el diplomático Gonzalo Uriarte Herrera explique los alcances de la nueva ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas y si podría facilitar actividades vinculadas a la exploración o explotación de hidrocarburos en áreas en disputa.
Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para citar al Congreso al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte Herrera, con el objetivo de que explique los alcances de la nueva conexión comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas. La iniciativa es encabezada por el ex canciller Santiago Cafiero.
El planteo surgió a partir del anuncio de una ruta marítima regular que sería operada por la empresa chilena Easter Island Naviera mediante el buque Danstar, con un primer viaje previsto para mediados de noviembre. La conexión, suspendida desde 2011, busca abastecer comercialmente a las islas.
El proyecto opositor pide que el embajador aclare cuál es la posición oficial del Gobierno chileno, qué grado de participación o autorización tuvieron las autoridades de ese país y, especialmente, si la operación podría derivar en apoyo logístico a proyectos de exploración o explotación hidrocarburífera en áreas sujetas a la disputa de soberanía.
El foco en los hidrocarburos
La preocupación de los legisladores se vincula con el proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, cuya explotación es rechazada por el Gobierno argentino por considerar que se desarrolla sin autorización nacional en un área bajo disputa de soberanía. Cancillería viene endureciendo en los últimos meses su postura frente a empresas y operadores vinculados con esas actividades.
Los diputados también quieren determinar si corresponde analizar la aplicación de la Ley 26.659, que establece restricciones y sanciones para actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina.
El reclamo tiene además una dimensión diplomática. En abril de este año, el Gobierno chileno volvió a expresar oficialmente su respaldo a los “legítimos derechos de soberanía” de Argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Por eso, los firmantes del proyecto plantean que debe aclararse cómo se compatibiliza ese respaldo político con una nueva conexión comercial hacia las islas bajo administración británica.
Un punto importante: la información original habla de una “ruta aérea”, pero el proyecto que generó la polémica está centrado en una conexión marítima comercial entre Punta Arenas y Malvinas. Existe además desde hace años un vuelo regular Punta Arenas–Malvinas con escalas mensuales en Río Gallegos, bajo acuerdos previos entre Argentina y Chile.
