La causa investiga la muerte de Ezequiel Alvarado Beltrán, ocurrida el 15 de octubre en barrio Don Bosco. La Justicia abrió formalmente la investigación por homicidio simple y dictó prisión preventiva, aunque declaró ilegal la detención inicial por una presunta mala actuación policial.
La Justicia de Comodoro Rivadavia formalizó este viernes la investigación contra Lucas Aaron Romero, único imputado por el homicidio de Ezequiel Alvarado Beltrán, ocurrido en la zona de Km. 8.
Durante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación, el fiscal Ariel Corredera solicitó que Romero sea investigado por homicidio simple, en calidad de autor, y que permanezca detenido preventivamente.
Según la hipótesis fiscal, el hecho ocurrió el 15 de octubre de 2026, alrededor de las 19:10, sobre calle Código 2401, cerca de la intersección con Base Matienzo, en barrio Don Bosco.
Alvarado caminaba junto a una mujer cuando ambos fueron interceptados por Romero, expareja de la acompañante. De acuerdo con la acusación, se inició una discusión y el imputado habría extraído una navaja de entre sus ropas.
La Fiscalía sostuvo que Alvarado intentó escapar, pero fue perseguido e interceptado. En ese momento, Romero le habría provocado una herida punzocortante en el lado izquierdo del tórax que le perforó el corazón.
La víctima logró avanzar unos 50 metros antes de perder el conocimiento. Fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Regional en estado crítico, donde finalmente falleció como consecuencia de la lesión.
La detención fue declarada ilegal, pero seguirá preso
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el planteo de la defensa, que cuestionó la legalidad de la detención inicial de Romero.
El juez penal Mariano Nicosia hizo lugar a ese planteo y declaró ilegal la detención por una presunta mala actuación policial. Sin embargo, esa decisión no impidió que se formalizara la investigación ni que se evaluaran nuevas medidas de coerción.
La Fiscalía sostuvo que existen elementos suficientes para considerar a Romero probable autor del hecho y argumentó que persisten riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la gravedad de la acusación.
Finalmente, el magistrado autorizó la apertura formal de la causa y dispuso que Romero permanezca en prisión preventiva durante tres meses.
En la audiencia participaron el fiscal general Ariel Corredera, la funcionaria Silvia Chaura y las defensoras públicas Vanesa Vera y Juliana Fuentes.
