Mientras los incendios siguen avanzando sobre El Hoyo, Epuyén y gran parte de la Cordillera, diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén.
La iniciativa busca forzar al Gobierno nacional a destinar recursos urgentes a una región golpeada por el fuego, la caída del turismo y el colapso ambiental.
Desde la oposición advierten que el desastre no es solo climático, sino también político. Denuncian que el gobierno de Javier Milei desfinanció de manera sistemática el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y redujo drásticamente los fondos destinados a la prevención y combate de incendios. Según datos presentados en el Congreso, en 2024 la ejecución real fue 81 por ciento menor que en 2023, en 2025 cayó otro 70 por ciento y el Presupuesto 2026 consolida un recorte similar.
El proyecto establece la emergencia por 180 días y obliga al Poder Ejecutivo a asignar fondos especiales para asistencia sanitaria, ayuda económica, vivienda, apoyo al turismo y al sector productivo, además de un refuerzo salarial extraordinario para los brigadistas que hoy combaten el fuego en condiciones extremas.
La diputada rionegrina Adriana Serquis advirtió que los incendios se producen en pleno pico de la temporada de verano, lo que pone en riesgo el sustento de cientos de familias que viven del turismo y las economías regionales.
La iniciativa también apunta contra la intención del Gobierno de modificar o derogar la Ley de Manejo del Fuego, que prohíbe cambiar el uso del suelo en tierras incendiadas. Para la oposición, eliminar esa norma abre la puerta a la especulación inmobiliaria y productiva sobre territorios arrasados por el fuego.
En paralelo, el senador Martín Soria impulsa una declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en la Cámara alta. Sin embargo, el tratamiento legislativo podría demorarse, ya que el Congreso no retomará su actividad ordinaria hasta febrero.
Desde el oficialismo libertario, en cambio, insisten en flexibilizar las leyes ambientales para favorecer inversiones. Para Unión por la Patria y organizaciones ambientalistas, el combo es explosivo: menos prevención, más incendios y más negocios sobre tierras quemadas.
