La fiscal general de Esquel, María Bottini, presentó una denuncia por presunto prevaricato contra el abogado Daniel Sandoval, luego de que, según indicó, mantuviera una entrevista con la víctima de un caso de abuso mientras ejercía la defensa del imputado ya condenado.
El caso original concluyó con una sentencia de ocho años de prisión tras un juicio por jurados. Posteriormente, el letrado asumió la defensa del condenado y habría recibido en su estudio jurídico a la joven víctima, en una reunión en la que —de acuerdo con la denuncia— quedó a solas con ella y le tomó declaración.
Desde la fiscalía se advirtió que esta situación configura una grave irregularidad, ya que un defensor no puede mantener contacto directo con la víctima cuando representa intereses contrapuestos. Además, se señaló que ese tipo de intervenciones vulnera los estándares de protección previstos en casos de violencia sexual.
Vulnerabilidad y deber de protección
Bottini remarcó que la joven se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, con un retraso madurativo acreditado por pericia psicológica, lo que implica que su edad mental no coincide con su edad cronológica. También describió un contexto familiar atravesado por violencia y dependencia económica, factores que agravan su exposición.
“Desde el sistema judicial debemos evitar cualquier forma de revictimización. No podemos permitir que una persona salga más dañada de lo que entró”, sostuvo la fiscal.
La declaración obtenida en el estudio jurídico fue posteriormente utilizada en un recurso ante la Cámara Penal, pero los jueces la declararon prueba ilegal y dejaron constancia expresa de la existencia de representación de intereses contrapuestos.
Protocolos y estándares internacionales
La fiscal recordó que en delitos contra la integridad sexual existen protocolos específicos basados en estándares internacionales —incluyendo lineamientos de organismos como UNICEF— que establecen que las entrevistas deben ser realizadas por profesionales capacitados en técnicas forenses, justamente para evitar presiones, inducciones o daños adicionales.
Incluso fiscales y operadores judiciales tienen limitaciones estrictas para entrevistar a víctimas en estos casos, por lo que la intervención de un abogado defensor en esas condiciones resulta especialmente cuestionada.
Investigación en curso
La denuncia fue presentada ante la Agencia de Violencia de Género. Bottini se apartó luego del caso y la investigación quedó a cargo de otra fiscal, quien dispuso la apertura formal de la causa.
El delito de prevaricato contempla pena de multa. Las actuaciones también fueron comunicadas a la Procuración General y al Colegio de Abogados.
El caso vuelve a poner en debate los límites éticos y legales del ejercicio profesional cuando están en juego derechos de niñas, adolescentes y mujeres en contextos de violencia.
