La Justicia abrió una investigación por los incidentes ocurridos durante la movilización de trabajadores estatales, aunque rechazó mantener detenidos a los cinco referentes gremiales. La defensa denunció una criminalización de la protesta y cuestionó la acusación fiscal.
La Justicia de Comodoro Rivadavia formalizó este martes la apertura de una investigación penal contra cinco integrantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), acusados de participar en los incidentes registrados durante una protesta realizada en la sede de Supervisión de Escuelas de Kilómetro 3.
La audiencia de control de detención y apertura de investigación se desarrolló en el Juzgado Penal del barrio Roca y estuvo encabezada por el juez Alejandro Soñis. Los imputados son Evangelina Arbe, Verónica Rosales, Lorena Rosales, José Parra y Eduardo Echeveste.
Según expuso el fiscal Ariel Corredera, los hechos ocurrieron el 2 de junio alrededor de las 10 de la mañana, cuando un grupo de aproximadamente 70 personas vinculadas al gremio ATE se manifestó frente al edificio en reclamo de mejoras salariales y cuestiones paritarias.
De acuerdo con la acusación fiscal, cerca de las 11:15 algunos manifestantes habrían intentado ingresar por la fuerza al edificio, desplazando las vallas de seguridad instaladas en el lugar. La fiscalía sostuvo que posteriormente se produjeron daños en puertas y vidrios, además de agresiones contra efectivos policiales que custodiaban el inmueble.
Como consecuencia de los incidentes, cuatro policías sufrieron lesiones que fueron calificadas preliminarmente como leves.
Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal imputó provisoriamente a los cinco acusados por el delito de atentado contra la autoridad doblemente agravado —por la participación de más de tres personas y por haber ejercido violencia contra la autoridad— en concurso ideal con lesiones leves, en carácter de coautores.
La postura de la defensa
La defensa particular, representada por la abogada Alicia Dramesino, cuestionó tanto la calificación legal como la descripción de los hechos formulada por la fiscalía.
La letrada sostuvo que la evidencia presentada no alcanza para sostener la imputación y afirmó que no se individualizaron claramente las conductas atribuidas a cada uno de los acusados.
Asimismo, planteó que los hechos se produjeron en el contexto de una manifestación gremial y solicitó que no se hiciera lugar a la formalización de la investigación.
Seis meses para investigar
Tras escuchar a las partes, el juez Alejandro Soñis resolvió autorizar la apertura de la investigación preparatoria y otorgó un plazo de seis meses para que la fiscalía avance con la producción de pruebas.
Además, declaró legal la detención de los cinco imputados, aunque dispuso su inmediata libertad.
Como medida cautelar, les prohibió acercarse al edificio de Supervisión de Escuelas mientras dure la investigación.
Al fundamentar su decisión, el magistrado destacó que el derecho a la protesta está garantizado constitucionalmente, aunque remarcó que no pueden naturalizarse hechos de violencia o daños materiales durante las manifestaciones.
“La protesta es un derecho legítimo, pero no pueden naturalizarse hechos de violencia ni daños, ni por parte de quienes reclaman ni por quienes deben garantizar el orden”, señaló.
