Tras más de ocho horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó este jueves el nuevo Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos cometidos por adolescentes. El proyecto obtuvo 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención, y ahora pasó al Senado de la Nación Argentina para su tratamiento.
Con esta votación, el oficialismo sumó un nuevo triunfo legislativo y buscará que la iniciativa se convierta en ley antes del 1° de marzo, fecha de inicio del período ordinario de sesiones.
Cómo se votó
La propuesta fue respaldada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el interbloque Unidos y otros bloques provinciales. En tanto, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y espacios aliados votaron en contra. El tema había sido incorporado al temario de sesiones extraordinarias a fines de enero por el Poder Ejecutivo.
Qué cambia con el nuevo régimen
El proyecto reemplaza la Ley 22.278, vigente desde 1980, e introduce cambios centrales:
Edad de imputabilidad desde los 14 años.
Pena máxima de 15 años para adolescentes (no 20, como preveía el borrador inicial).
Prohibición de prisión perpetua.
Mediación penal y suspensión del proceso a prueba en determinados casos.
Medidas alternativas al encierro para delitos con penas menores.
Cumplimiento de penas en domicilio, institutos abiertos o establecimientos especializados, siempre separados de adultos.
Posibilidad de sustituir el encierro por otras medidas al cumplir dos tercios de la condena, a criterio judicial.
Presupuesto y coordinación federal
El dictamen prevé una asignación de $23.739 millones para implementar el régimen: $3.131 millones del Ministerio de Justicia y $20.607 millones de la Defensoría General de la Nación. Además, habilita convenios de colaboración entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para adecuar sistemas y afrontar costos.
Debate en el recinto
Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado defendió la iniciativa y cuestionó la eficacia del régimen actual. En la oposición, Victoria Tolosa Paz lo calificó de “mamarracho jurídico”, mientras que Germán Martínez reclamó mayor incorporación de aportes de la Iglesia, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría. Desde la izquierda, Myriam Bregman y Romina del Plá advirtieron sobre una mayor criminalización de sectores vulnerables.
Próximo paso
Con la media sanción obtenida, el proyecto quedó en manos del Senado. De aprobarse, entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial, marcando el primer cambio profundo del régimen en más de cuatro décadas.
