La abogada Valeria Carreras cuestionó la pena de tres años de prisión en suspenso impuesta al excapitán de navío Claudio Villamide y anticipó que buscarán revertir las absoluciones y conseguir una condena de cumplimiento efectivo. Además, impulsarán un proyecto para modificar el Código Penal y establecer penas proporcionales a la cantidad de víctimas en casos de estrago culposo.

La sentencia dictada en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan generó una profunda decepción entre los familiares de las víctimas y sus representantes legales. La abogada querellante Valeria Carreras confirmó que recurrirán el fallo para intentar revertir las tres absoluciones y conseguir una pena de cumplimiento efectivo para el único condenado.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz resolvió condenar al excapitán de navío Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso, mientras que el excontralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Alonso y el excapitán de fragata Hugo Correa fueron absueltos. La resolución fue conocida el miércoles 8 de julio y los fundamentos serán difundidos el próximo 21 de agosto.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Carreras aseguró que la primera reacción frente al veredicto fue de decepción, tanto desde el punto de vista profesional como por el vínculo construido durante casi nueve años con las familias a las que representa.

“Llevo ocho años y ocho meses en esta causa. La relación con mis representados, que son en total 35, es una relación afectiva muy profunda”, expresó la abogada, quien reconoció que esperaban condenas de prisión efectiva para los cuatro acusados.

La reacción entre los familiares estuvo marcada por la tristeza y la frustración. Carreras contó que durante la madrugada posterior al veredicto permaneció comunicándose con ellos para analizar lo ocurrido y acompañarlos ante el resultado del juicio.

“Estuve hasta las 3.20 de la madrugada hablando con ellas, una por una, y la desazón es lo que impera en la totalidad de la querella”, señaló.

La estrategia judicial de la querella comenzará a definirse una vez que sean conocidos los fundamentos de la sentencia. A partir de allí, buscarán recurrir el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal con dos objetivos: conseguir condenas para quienes fueron absueltos y aumentar la pena impuesta a Villamide.

“A este fallo hay que recurrirlo en dos sentidos fundamentales: el primero es no dejar afuera a los absueltos, es decir, lograr una condena en Casación. Y segundo, aumentar la pena de cumplimiento efectivo, porque la que le dieron no sirve. Esta es la desazón, esta es la cachetada”, sostuvo Carreras.

Uno de los mayores cuestionamientos está dirigido a la pena de tres años de prisión en suspenso aplicada al único condenado. Para la representante de las familias, la sanción resulta insuficiente frente a la magnitud de una tragedia que provocó la muerte de los 44 tripulantes.

“Tres años en suspenso, por 44 vidas perdidas, resulta ofensivo”, afirmó.

La experiencia del juicio también llevó a las abogadas querellantes a impulsar una modificación del Código Penal. Carreras explicó que junto con su colega Lorena Arias trabajan en la elaboración de un proyecto para cambiar las penas previstas para el delito de estrago culposo agravado.

Actualmente, la pena máxima prevista para esta figura es de cinco años de prisión, independientemente de la cantidad de personas fallecidas. Para la querella, esta situación impide establecer una respuesta penal proporcional a la magnitud de cada tragedia.

“El estrago va a operar de la misma manera con cinco fallecidos que con 44. Por eso, pensamos elaborar un proyecto de ley para graduar la pena prevista para el estrago culposo según el número de víctimas”, explicó.

La iniciativa será presentada de manera independiente ante la Cámara de Diputados de la Nación, sin la intermediación de ningún bloque político. Según sostuvo Carreras, incluso una condena con la pena máxima actualmente establecida habría resultado insuficiente frente a las consecuencias del hundimiento del submarino.

Más allá de los cuestionamientos al veredicto, la querella considera que el juicio dejó un precedente significativo al establecer una responsabilidad penal por el delito de estrago. Para Carreras, la decisión judicial permite sostener que las muertes de los 44 tripulantes pudieron evitarse y modifica la interpretación que durante años predominó alrededor de las causas de la tragedia.

“Esto quiere decir que estas muertes eran evitables. Al lograr esto, vos les das vuelta todo el paradigma de lo que fue esta causa durante casi nueve años. No fue la tormenta perfecta, no fue culpa de los tripulantes, sino que los expusieron en condiciones de riesgo en un lugar y en un momento dado”, afirmó.

La abogada también destacó como un hecho relevante que la Justicia Federal haya avanzado sobre las responsabilidades de altos mandos de la Armada Argentina en una causa relacionada con la muerte de personal militar.

“La Justicia Civil se metió por primera vez a condenar a altos mandos de la Armada Argentina, donde hubo muertos. Esto es lo más simbólico de esta causa, que es perfectible y que tiene sabor a poco”, sostuvo.

Respecto de las absoluciones, Carreras señaló que todavía deberán esperar los fundamentos del tribunal para conocer los argumentos jurídicos utilizados por los jueces. No obstante, expresó sus sospechas sobre la decisión de absolver a López Mazzeo, uno de los oficiales de mayor rango entre los acusados.

La abogada aclaró que se trata de una interpretación provisoria hasta conocer la sentencia completa, aunque sostuvo que, desde la perspectiva de la querella, existían elementos probatorios similares para atribuir responsabilidades tanto a Villamide como a López Mazzeo.

La causa por el hundimiento del ARA San Juan también continúa abierta en otros ámbitos. Carreras confirmó que la querella que representa presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un reclamo relacionado con el supuesto espionaje ilegal realizado sobre familiares de los tripulantes y el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri.

Según explicó, la presentación fue admitida formalmente y cuenta con un número de petición, lo que permitirá continuar el reclamo ante el organismo internacional.

Mientras las familias aguardan conocer los fundamentos de la sentencia, la querella prepara una nueva etapa de la batalla judicial. El objetivo será revertir las absoluciones, conseguir una condena de cumplimiento efectivo y avanzar con una reforma legislativa que permita establecer penas proporcionales a la cantidad de víctimas en tragedias vinculadas al delito de estrago culposo.