El personal policial y penitenciario mantiene las medidas de fuerza después de rechazar las propuestas salariales del Gobierno provincial. Durante la madrugada de este lunes se instaló un nuevo campamento frente a la Unidad Regional Zona Norte de Caleta Olivia, mientras crece la tensión por la posibilidad de descuentos y sanciones contra quienes sostienen la protesta.
El conflicto salarial que desde hace más de un mes mantienen policías y trabajadores penitenciarios de Santa Cruz ingresó en una nueva etapa de tensión. Durante la madrugada de este lunes, efectivos autoconvocados instalaron un campamento frente a la sede de la Unidad Regional Zona Norte de Caleta Olivia y reafirmaron que continuarán con las medidas de fuerza hasta alcanzar un acuerdo salarial que permita cubrir el costo de la canasta básica.
La protesta se suma a los acampes que comenzaron en Río Gallegos y posteriormente se extendieron hacia diferentes localidades de la provincia, en medio de negociaciones que permanecen estancadas y un creciente enfrentamiento entre los trabajadores y el Gobierno provincial.
El principal reclamo continúa siendo la recomposición de los salarios del personal policial y penitenciario. Los efectivos rechazaron sucesivamente las propuestas presentadas por el Ejecutivo durante las reuniones del Consejo del Salario al considerar que los incrementos ofrecidos no alcanzan para cubrir las necesidades económicas de las familias.
La última propuesta oficial contempló elevar el ingreso de un agente que recién comienza su carrera desde $1.182.351 hasta $1.746.634 a partir de julio. Sin embargo, los trabajadores volvieron a rechazar el ofrecimiento y mantienen el reclamo de establecer un salario mínimo de $2.200.000.
La distancia entre ambas posiciones mantiene paralizadas las negociaciones y el escenario se endureció todavía más después de que el Gobierno provincial advirtiera sobre la posibilidad de comenzar a descontar los días no trabajados a quienes no se reincorporen formalmente a sus funciones.
También existe preocupación entre los manifestantes ante eventuales sanciones contra algunos de los principales referentes de una protesta que ya lleva más de un mes y consiguió extenderse por distintas localidades santacruceñas.
Desde el acampe instalado en Caleta Olivia, los policías autoconvocados cuestionaron la postura del Ejecutivo provincial y aseguraron que continuarán con las medidas de fuerza.
Uno de los voceros del sector, Víctor Corté, sostuvo que los trabajadores no abandonarán el reclamo y afirmó que existe unidad entre el personal subalterno para sostener la protesta.
“No nos van a doblegar, esta es una lucha por un salario digno”, manifestó en declaraciones radiales.
Según explicó, el objetivo de los efectivos es alcanzar una recomposición salarial que permita cubrir la canasta básica y mejorar los ingresos de las categorías más bajas de la fuerza.
Corté también cuestionó el desarrollo de las reuniones mantenidas con los representantes provinciales y denunció que las instancias de negociación no permitieron construir un acuerdo entre las partes.
“En la Mesa del Salario nunca fueron a negociar, siempre fueron a imponer”, aseguró.
Además, afirmó que los trabajadores recibieron “amenazas, amedrentamientos y aprietes” durante el conflicto, en referencia a las advertencias sobre posibles descuentos salariales y sanciones contra quienes mantienen las medidas de fuerza.
Otro de los cuestionamientos de los policías está relacionado con la composición de las propuestas salariales presentadas por el Gobierno. Los manifestantes rechazan la incorporación de sumas no remunerativas porque esos incrementos no impactan de la misma manera sobre los ingresos del personal retirado y los pensionados.
Para los trabajadores, cualquier recomposición debería incorporarse al salario básico y beneficiar tanto al personal activo como a quienes finalizaron su carrera dentro de la fuerza.
“No están entendiendo, no quieren entender. Nosotros estamos buscando un sueldo digno para la familia policial”, expresó Corté.
El conflicto se desarrolla en un escenario especialmente sensible debido a las funciones esenciales que cumple la Policía en materia de seguridad pública y al impacto que la prolongación de las medidas puede generar sobre el funcionamiento cotidiano de las dependencias.
Sin embargo, después de más de un mes de protestas, las partes continúan lejos de alcanzar un acuerdo.
Mientras el Gobierno provincial evalúa avanzar con descuentos salariales y eventuales sanciones, los policías autoconvocados extienden los acampes y aseguran que mantendrán las medidas hasta obtener una recomposición salarial que responda a sus reclamos.
La instalación del campamento frente a la Unidad Regional de Caleta Olivia muestra que el conflicto, lejos de encaminarse hacia una solución, continúa profundizándose y amenaza con extenderse si el Ejecutivo y los trabajadores no consiguen reabrir una instancia efectiva de negociación.
