Organizaciones ambientales, sociales y comunidades de Chubut convocaron para este miércoles 4 de marzo a una nueva movilización en defensa del agua y los territorios, en el marco del inicio del debate en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la posible modificación de la Ley de Glaciares.
En Comodoro Rivadavia, la convocatoria será a las 17 horas en la plaza Kompuchewe, desde donde se prevé que posteriormente se realice una marcha por distintos puntos de la ciudad.
La movilización forma parte de una jornada de protestas que se replicará en distintas localidades del país, mientras el Congreso comienza a tratar formalmente el proyecto que busca modificar la Ley 26.639 de protección de glaciares y ambientes periglaciares.
Reclamo ambiental y rechazo a la megaminería
Las organizaciones convocantes sostienen que la reforma podría debilitar la protección de estas reservas naturales y abrir la puerta a actividades extractivas en zonas sensibles de la cordillera.
Bajo consignas como “El agua no se negocia” y “La Ley de Glaciares no se toca”, los colectivos socioambientales advierten que el proyecto responde a intereses vinculados a la megaminería y que podría afectar ecosistemas estratégicos para la provisión de agua dulce.
En la convocatoria difundida en redes sociales también se remarca que “Chubut ya decidió”, en referencia al histórico rechazo social a los proyectos de megaminería en la provincia, expresado en movilizaciones como el denominado “Chubutazo”.
Movilizaciones en distintas ciudades de Chubut
Además de la convocatoria en Comodoro Rivadavia, las organizaciones anunciaron concentraciones en otras ciudades de la provincia:
Puerto Madryn: 18 horas en Plaza San Martín
Esquel: 18 horas en Plaza San Martín
Rawson: 17 horas en Plaza Guillermo Rawson
Las movilizaciones también se replicarán en distintas ciudades del país, entre ellas Ushuaia, Río Grande, Mar del Plata, Bahía Blanca, Villa Gesell y San Miguel de Tucumán, entre otras.
El contexto del debate en el Congreso
La protesta coincide con el inicio del tratamiento legislativo del proyecto que propone modificar la normativa vigente sobre glaciares, una ley sancionada en 2010 que establece restricciones a actividades que puedan afectar estos ecosistemas considerados reservas estratégicas de agua.
Desde distintos sectores ambientalistas sostienen que cualquier modificación podría tener consecuencias sobre los territorios cordilleranos y los recursos hídricos, mientras que desde el oficialismo argumentan que la reforma apunta a redefinir áreas protegidas para permitir determinadas actividades económicas bajo evaluación ambiental.
En ese contexto, organizaciones sociales y ambientales anunciaron que seguirán movilizándose durante el tratamiento del proyecto en el Congreso.
