Durante una sesión del Senado, los senadores libertarios Bruno Olivera y Enzo Fullone justificaron el avance sobre la norma ambiental al afirmar que existen glaciares que serían apenas “rocas congeladas que no sirven para nada”.
Lejos de tratarse de una provocación aislada, la frase sintetiza una mirada errónea sobre el funcionamiento del sistema glacial. En su exposición, Olivera cuestionó que la ley vigente proteja definiciones que considera demasiado amplias y sostuvo que se termina resguardando “absolutamente todo lo que no es agua”, equiparando geoformas con función hídrica a “una roca congelada a 4.000 metros de altura que no tiene ninguna injerencia hídrica”. En la misma línea, Fullone afirmó que “son rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico”.
Desde el punto de vista científico, calificar a ciertos glaciares como inútiles no constituye una opinión sino una falsedad. La glaciología define a los glaciares como masas de hielo permanentes que almacenan agua y cumplen funciones esenciales dentro del ciclo hidrológico. Esa definición incluye glaciares descubiertos, glaciares cubiertos y glaciares de escombros. La presencia de roca en superficie no elimina el hielo ni su rol ambiental, y reducirlos a “piedras congeladas” implica desconocer décadas de investigación.
Un glaciar no se mide por lo que se observa a simple vista ni por su rentabilidad económica. Muchos de los glaciares cuestionados contienen hielo intersticial protegido por capas de sedimentos, que actúan como aislante térmico y permiten una fusión más lenta. Esa liberación gradual de agua resulta clave para sostener ríos y acuíferos durante períodos secos. Cuando en el recinto se afirmó que estos glaciares “no aportan agua”, se ignoró un principio básico de la hidrología de montaña: no todo el aporte hídrico es inmediato ni visible.
En regiones áridas y semiáridas de la cordillera argentina, estos reservorios son fundamentales para el abastecimiento humano, la agricultura y la estabilidad de cuencas enteras. A ello se suma la importancia del ambiente periglacial, también protegido por la ley aún vigente, que regula la temperatura del suelo, estabiliza laderas, reduce la erosión extrema y mantiene el equilibrio geomorfológico en zonas de alta montaña. Alterarlo implica acelerar la pérdida de hielo subterráneo y generar daños irreversibles.
Las declaraciones en el Senado se produjeron en el marco de la media sanción a una reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, que busca redefinir qué formaciones quedan protegidas por la Ley de Glaciares. En ese contexto, relativizar el valor de ciertos glaciares no aparece como un error casual sino como parte de una estrategia discursiva para flexibilizar controles ambientales y habilitar actividades extractivas.
Organizaciones como Greenpeace Argentina y numerosos científicos advirtieron que este enfoque pone en riesgo reservas estratégicas de agua en un país cada vez más afectado por las sequías. Cuando conceptos básicos se distorsionan deliberadamente y se legisla desde esa premisa, el problema deja de ser retórico y se vuelve estructural. El desprecio por la ciencia, en nombre de supuestos beneficios económicos, transforma una falacia en política pública y vuelve peligrosas las decisiones que se toman sobre uno de los recursos más sensibles del país.
