Agitados por la conmoción que generó el homicidio de Ángel López en Comodoro Rivadavia, en el ámbito del Senado obtuvo dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el proyecto impulsado por Carina Losada. De este modo queda a un paso de su tratamiento en el recinto.
El proyecto de ley sobre denuncias falsas impulsado por Carolina Losada consiguió dictamen en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado el miércoles pasado. Quedó así a un paso de ser tratado en el recinto y, de acuerdo a la correlación de fuerzas actual, con posibilidades concretas de avanzar.
El proyecto propone modificar figuras ya existentes en el Código Penal —falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento— para endurecer las penas cuando se trate de acusaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. El mínimo de la pena se eleva a tres años y puede llegar hasta seis años de prisión. Con ese piso de castigo, podría implicar prisión efectiva.
El dictamen avanzó con una mayoría transversal que incluyó al oficialismo, aliados de Juntos por el Cambio y bloques provinciales, con una fisura llamativa dentro del propio peronismo.
En paralelo, siete provincias se pronunciaron en contra del proyecto, en una acción impulsada por la ministra de Mujeres y Géneros de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. El posicionamiento conjunto introduce un contrapunto institucional frente a una iniciativa que, de avanzar, podría modificar de manera sustantiva las condiciones en las que se accede a la Justicia.Más allá de la discusión técnica, lo que está en juego es otra cosa.
LA FALSA DENUNCIA NO ES UNA FIGURA NUEVA
La falsa denuncia ya está tipificada en el artículo 275 del Código Penal. Lo que se busca es aumentar el castigo, especialmente en un conjunto de delitos que presentan una característica conocida: son de los más difíciles de probar. Además de disciplinar a quienes van en busca de ayuda al sistema judicial para interrumpir formas estructurales de la violencia que históricamente organizan las inequidades de género.
El principal riesgo de esta normativa es desalentar las denuncias. Se sabe que las violencias por razones de género y los abusos sexuales suelen ocurrir en ámbitos privados, sin testigos, bajo relaciones de poder que condicionan la posibilidad de producir prueba y de oponerse en igualdad de condiciones. En ese contexto, equiparar la falta de prueba con la posibilidad de una denuncia falsa —y convertirla en un riesgo penal concreto— puede tener un efecto directo en la posibilidad de avanzar o no con una denuncia.
En algunos casos, además, la pena prevista para la supuesta denuncia falsa puede resultar más alta que la del delito denunciado -la pena para un abuso sexual siempre es de uno a cuatro años, pero para la denuncia “falsa” por ese caso de tres a seis años de prisión-. El mensaje es claro: el sistema aparece más preocupado por sancionar una eventual acusación que por garantizar el acceso a la justicia de quienes denuncian violencia por razones de género: mujeres, lesbianas, travestis, trans, gays; niños, niñas y adolescentes acompañades casi siempre por otras mujeres o disidencias sexuales.
DESMANTELAMIENTO DE POLITICAS DE GENERO
Cabe recalcar que la iniciativa avanza en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas destinadas a prevenir y atender la violencia de género. La Educación Sexual Integral fue vaciada, el programa Acompañar desmantelado y las líneas de asistencia se debilitaron por reducción de personal pero también por haber sido privadas de su especificidad para tener que atender “todo tipo de violencias” -como se jactaba Manuel Adorni antes de caer en su propio pozo de malversación de fondos y enriquecimiento sospechoso.
La ausencia de políticas de prevención convive con el endurecimiento de respuestas punitivas. En ese marco, el proyecto de “falsas denuncias” se inscribe en una narrativa más amplia que cuestiona las políticas destinadas a corregir inequidades estructurales y busca instalar la idea de que las mujeres cuentan con ventajas indebidas en el sistema judicial. Así es como se aprovecha, sobre el cuerpo de un niño maltratado hasta la muerte en Comodoro Rivadavia para decir que fue la “ideología de género” la que provocó que Ángel estuviera con su madre y fuera golpeado por su padrastro -el fiscal del caso lo acusa por las agresiones físicas y a la madre por no haberlas evitado. La abogada Fátima Silva, una de las espadas de este proyecto de ley de la senadora del PRO Carolina Losada, María Fátima Silva, insistió como “experta en derecho de familia” en la comisión para conseguir el dictamen: “La contracara de la ideología de género es la falsa denuncia, que destruye a las familias completas”. ¿No serán más destructivos de las familias quienes ejercen violencia? ¿no será más destructivo de las “familias” que haya un 30 por ciento de hogares con una sola mujer a cargo y no por deseo propio? “No existirían las falsas denuncias si la justicia y los fiscales investigaran cada denuncia profundamente y como corresponde, porque deberían detectar que la denuncia es falsa”, dijo también la abogada que esta semana circuló por la mayoría de los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de apelar a las fallas del sistema judicial, elige alentar como solución el amedrentamiento a quienes se atreven a denunciar.
Fuente: El Destape
