El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la pena de 14 años de prisión impuesta a un pastor de una iglesia evangélica, condenado tras un juicio por jurados por delitos de abuso sexual cometidos contra una adolescente, en un fallo que reafirma la obligación del Estado de garantizar justicia con perspectiva de género y de protección integral de niñas, niños y adolescentes.
La resolución fue dictada luego de que la causa llegara al máximo tribunal provincial por vía de consulta obligatoria, en virtud de que la pena fijada supera los diez años de prisión, conforme lo establece el Código Procesal Penal. La condena había sido impuesta originalmente por el juez Fabio Monti y luego confirmada por la Cámara Penal de Trelew, tras la impugnación presentada por la defensa en julio de 2025.
Un fallo que valida el veredicto del jurado popular
El condenado fue declarado culpable por un jurado popular, que evaluó de manera integral la prueba testimonial y documental producida durante el debate oral. Los hechos juzgados ocurrieron entre marzo y noviembre de 2022, cuando el imputado abusó de su rol como ministro de culto para cometer los delitos contra una menor de 14 años que asistía a una iglesia evangélica del sur de Trelew.
Los delitos fueron calificados como abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la relación de autoridad, la condición de ministro de culto y el contexto de violencia de género, en concurso real. El encuadre legal incluyó los artículos 119, 45 y 55 del Código Penal, junto con la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la Convención de Belém do Pará.
Perspectiva de género y derechos de la infancia
En su resolución, el Superior Tribunal —integrado por las juezas y jueces Camila Lucía Banfi Saavedra, Mario Vivas, Andrés Giacomone y Silvia Bustos— sostuvo la validez de la sentencia y destacó la correcta aplicación de los estándares internacionales en materia de violencia de género y derechos de niñas, niños y adolescentes.
El fallo reafirma que los abusos sexuales cometidos en ámbitos de confianza, como espacios religiosos, agravan el daño, profundizan las relaciones de poder desiguales y exigen una respuesta judicial firme que garantice verdad, reparación y no repetición.
Investigación especializada
La investigación y la acusación estuvieron a cargo del equipo especializado en violencia de género del Ministerio Público Fiscal de Trelew, integrado por la fiscal Silvia Pereira, la fiscal general Claudia Ibáñez y la funcionaria Rocío Lorenzo, junto a Melina Da Graca y el licenciado Esteban Pruzzo.
La confirmación de la condena consolida un proceso judicial que reconoce la voz de la víctima, respeta su derecho a ser oída y ratifica el compromiso del sistema de justicia con una mirada integral, protectoria y con enfoque de derechos humanos.
