El gobierno de Javier Milei reglamentó uno de los puntos centrales de su cuestionada reforma laboral y avanzó con beneficios fiscales para empresas que regularicen trabajadores, en un contexto marcado por críticas y disputas judiciales.
A través del Decreto 315/2026, firmado también por Manuel Adorni, Sandra Pettovello y Luis Caputo, el Ejecutivo puso en marcha el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales por hasta cuatro años.
La medida busca promover el empleo registrado, pero desde sectores sindicales y políticos advierten que el esquema prioriza aliviar costos empresariales sin garantizar mejoras reales para los trabajadores, en un escenario donde la informalidad sigue creciendo.
El régimen alcanza a empresas que incorporen trabajadores no registrados, desempleados o ex monotributistas, con beneficios que se aplicarán a nuevas relaciones laborales entre mayo de 2026 y abril de 2027. Sin embargo, se estableció un límite: no podrán superar el 80% de la plantilla total.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para dinamizar el empleo, las críticas apuntan a que se trata de una nueva flexibilización encubierta, que avanza pese a los cuestionamientos sobre su constitucionalidad y sin consensos amplios.
Así, Milei profundiza su agenda de reforma laboral en medio de tensiones políticas y judiciales, apostando a sostener su programa económico aun con crecientes resistencias.
