La Justicia confirmó la prisión preventiva de un hombre de 30 años, identificado por sus iniciales C.E.B., imputado por una serie de delitos cometidos en contexto de violencia de género contra su ex pareja. La decisión fue adoptada este miércoles tras un pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal ante el juez Ariel Quiroga.
El acusado permanece detenido desde el 24 de noviembre de 2025 en la comisaría de Sarmiento. Según se expuso en la audiencia, no se registraron cambios sustanciales que permitan modificar los fundamentos que motivaron su encarcelamiento preventivo.
Riesgo para la víctima y contexto de violencia
Desde la Fiscalía se sostuvo que persisten los riesgos procesales y que no se encuentran dadas las condiciones para aplicar una medida menos gravosa. En ese sentido, se hizo especial hincapié en los informes de los equipos interdisciplinarios, los cuales dan cuenta de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima.
El representante fiscal subrayó que la privación de la libertad del imputado resulta necesaria no solo para asegurar el proceso, sino también como medida de protección frente a posibles nuevas agresiones, en un marco de reiteración de conductas violentas y desobediencia a órdenes judiciales.
Por ese motivo, solicitó que la prisión preventiva se mantenga hasta la realización de la audiencia preliminar de juicio.
La acusación
Durante la audiencia también se informó que la acusación pública ya fue presentada ante la Oficina Judicial. Al imputado se le atribuyen los delitos de desobediencia a la autoridad, daño, lesiones leves, robo simple, hurto y violación de domicilio, todos ellos agravados por haber sido cometidos en un contexto de violencia de género.
El planteo de la defensa y la resolución
Por su parte, la defensa pública pidió el cese de la prisión preventiva, al considerar que la Fiscalía no acreditó la continuidad del riesgo de entorpecimiento de la investigación. En forma alternativa, propuso la aplicación de medidas sustitutivas.
Finalmente, el magistrado rechazó el planteo defensivo y resolvió hacer lugar al pedido de la Fiscalía, disponiendo que la prisión preventiva se mantenga por un plazo de seis meses o hasta la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.
La resolución se dictó con perspectiva de género, priorizando la protección integral de la víctima y el resguardo de sus derechos frente a una situación de violencia reiterada.
