El diputado nacional presentó un proyecto para cubrir el vacío legal sobre los pasivos ambientales hidrocarburíferos. La iniciativa apunta a proteger el empleo, garantizar la recomposición ambiental y evitar que los costos recaigan sobre el Estado.
En medio del proceso de retiro de operadoras de áreas petroleras convencionales en distintas cuencas del país, el diputado nacional José Glinski presentó un proyecto de ley que busca obligar a las empresas hidrocarburíferas a hacerse cargo del cierre de pozos abandonados y de la remediación ambiental de las zonas afectadas por la actividad.
La iniciativa, denominada Ley de Presupuestos Mínimos para la Remediación de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos y Transición Energética Justa, fue ingresada este lunes en la Cámara de Diputados de la Nación y apunta a cubrir lo que el legislador calificó como un vacío regulatorio histórico.
“Argentina tiene 12 leyes nacionales de presupuestos mínimos ambientales. Ninguna regula los pasivos hidrocarburíferos. Es el vacío más caro de la historia ambiental argentina”, afirmó Glinski al presentar el proyecto.
La propuesta surge en un contexto marcado por la salida de compañías de áreas maduras y la transferencia de concesiones en distintas cuencas petroleras. En ese escenario, el diputado advirtió sobre el riesgo de que los costos ambientales y económicos de los abandonos terminen siendo absorbidos por las provincias o el Estado.
Qué propone la iniciativa
Entre los principales puntos, el proyecto contempla la creación de un Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos, financiado mediante aportes obligatorios de las empresas concesionarias.
También prevé la conformación de un Registro Nacional de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos de acceso público, la exigencia de garantías financieras para cubrir tareas de cierre y remediación, y la responsabilidad objetiva y solidaria de las operadoras aun cuando transfieran áreas o cesen sus actividades.
Además, establece controles específicos para la cesión de concesiones, incluyendo auditorías técnicas independientes y la acreditación de solvencia económica por parte de quienes reciban las áreas.
El foco en la Cuenca del Golfo San Jorge
Durante la presentación, Glinski tomó como referencia situaciones recientes vinculadas a la Cuenca del Golfo San Jorge, entre ellas los acuerdos derivados de la salida de YPF de áreas convencionales y la transferencia de yacimientos a otras operadoras.
“Comodoro Rivadavia es la capital del petróleo desde 1907. Después de 118 años de hospitalidad con la industria, lo mínimo que podemos pedir es que cuando se vayan, tapen los pozos”, sostuvo.
Remediación y empleo
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la incorporación del concepto de transición energética justa. La iniciativa propone que las tareas de abandono de pozos, monitoreo y recomposición ambiental sean consideradas parte del ciclo productivo y se transformen en una fuente de empleo para trabajadores petroleros.
“El cierre de un pozo no es el final del trabajo, es trabajo en sí mismo”, afirmó Glinski, al señalar que estas tareas requieren personal capacitado en ingeniería, monitoreo técnico, sellado y restauración ambiental.
Según el legislador, el objetivo es compatibilizar la protección ambiental con la preservación de las fuentes laborales en las regiones históricamente vinculadas a la actividad hidrocarburífera.
“La riqueza salió de la Cuenca. Los pasivos no pueden quedarse en la Cuenca”, concluyó.
