Durante décadas, la familia San Martín-Villegas habitó, trabajó y construyó su vida a orillas del río en Río Mayo. En 1981, durante el gobierno de facto, esas tierras fueron transferidas al Estado Nacional para la instalación de una guarnición militar. La historia quedó registrada en expedientes, mensuras y resoluciones oficiales.
“Población Villegas”. Así aparece denominada formalmente en distintas mensuras. Detrás de esas palabras, sin embargo, existe la historia de una familia que durante décadas habitó esas tierras, construyó su casa, produjo alimentos y encontró allí su medio de subsistencia.
La historia se remonta a 1943, cuando Francisco Dionisio Villegas manifestó su intención de comprar las 50 hectáreas que ocupaba, correspondientes al Lote 6 de la Fracción II-A. La operación finalmente no prosperó por dificultades económicas. Villegas murió en 1967, pero su esposa, Virginia San Martín, y sus seis hijos continuaron viviendo en el lugar.
Con el paso de los años, aquella tierra se transformó en mucho más que un lugar de residencia. Aprovechando los manantiales, la familia plantó álamos, sauces, frutales, grosellas y corintos, además de criar animales de corral. Construyeron allí su casa y desarrollaron una producción que les permitía obtener ingresos y sostener a la familia.
La presión para abandonar las tierras
Antes de 1981 comenzaron las visitas y presiones para que Virginia San Martín abandonara o vendiera el lugar. Según el relato de uno de sus hijos, distintas personas vinculadas al gobierno provincial o a la municipalidad se presentaban periódicamente en la vivienda.
Virginia, que no sabía leer ni escribir y apenas podía realizar su firma, enfrentaba sola esas situaciones. Para evitar que sus hijos presenciaran los episodios de hostigamiento, los encerraba en una habitación y salía a recibir a quienes llegaban.
La situación llegó a un límite. En una de esas ocasiones, sus hijos la escucharon expresar: “Si tanto les molestamos, ¿por qué no nos ponen contra un paredón y nos matan de una vez?”.
El acta de enero de 1981
En enero de 1981, una comisión de tierras del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), integrada por Fernando Greck y José Bernardo Jan, visitó la población.
Virginia explicó que llevaba aproximadamente 40 años viviendo allí y que obtenía sus ingresos de lo que producía en esas aproximadamente 50 hectáreas, que se extendían desde la loma hasta el río.
Los funcionarios le informaron que, de acuerdo con una mensura correspondiente a la ampliación del ejido de Río Mayo, las tierras que ocupaba habían quedado comprendidas dentro de esa delimitación. Al pie del acta, redactada a máquina, Virginia estampó su firma.
El documento sería posteriormente utilizado como parte del proceso que terminó con la transferencia de las tierras.
La Resolución 410 y el final de la Población Villegas
En abril de 1981, el interventor del IAC, Carmelo Sarries, junto al secretario general del organismo, Jorge Horacio Hughes, firmó la Resolución 410.
El expediente contemplaba la transferencia al Estado Nacional —Comando en Jefe del Ejército— de tierras ubicadas en los lotes 1 y 10 de la Fracción B, Sección F-II. Allí estaba previsto el establecimiento de una guarnición militar.
La resolución establecía además que debía cumplirse con las disposiciones relativas a las “mejoras de propiedad de terceros” existentes en el predio.
Para la familia, aquella expresión encerraba una enorme carga: Virginia y sus hijos no aparecían reconocidos como pobladores con una historia de décadas en esas tierras, sino como terceros y sus construcciones y producciones como “mejoras”.
Así, en plena dictadura militar, la denominada Población Villegas llegó formalmente a su fin.
Una historia que todavía interpela al presente
La historia no terminó en 1981, El documento también vincula aquel proceso con una disputa más reciente por el acceso a la ribera del río. En 2005, durante la gestión del intendente Gabriel Salazar, la Municipalidad de Río Mayo y el Ejército firmaron un acuerdo: el municipio realizaría una obra de cloacas que beneficiaría a la guarnición y, a cambio, se habilitaría un camino para permitir la circulación por la ribera del río.
Sin embargo, desde agosto de 2025 se informó el cierre del acceso a la ribera, argumentando la existencia de disparos de cazadores furtivos.
La disputa actual vuelve a poner sobre la mesa aquella historia de décadas atrás: quiénes tienen derecho a esas tierras, cómo se construyeron las decisiones que permitieron la instalación de la guarnición y qué lugar ocupa hoy el derecho de los habitantes de Río Mayo a acceder al río.
La Población Villegas no es solamente el nombre que figura en una mensura. Es también la memoria de una familia que habitó esas tierras durante generaciones, las trabajó y construyó allí su hogar.
Una historia atravesada por la pobreza, la desigualdad y el contexto de la última dictadura militar, pero también por la dignidad de una mujer que, frente a quienes pretendían que abandonara su casa, decidió permanecer y defender aquello que había construido junto a sus hijos.
Hoy, más de cuatro décadas después de aquella Resolución 410, la historia vuelve a ser revisada a través de documentos oficiales y reclamos vinculados al acceso a la ribera del río.
La pregunta que permanece es qué valor tienen, frente a las decisiones adoptadas durante un gobierno de facto, los derechos de quienes habitaron, trabajaron y construyeron su vida en ese territorio.
