El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado provincial a iniciar acciones judiciales tras el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales. La Provincia advierte sobre el impacto que podría tener la medida en un territorio con más del 90% de frontera internacional.
El Gobierno de Misiones decidió abrir un nuevo frente judicial para intentar limitar los efectos de la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, eliminada por el artículo 154 del DNU 70/2023.
Mediante el Decreto 1935, el gobernador Hugo Passalacqua instruyó al Fiscal de Estado a promover las acciones que considere necesarias para resguardar los intereses de la provincia y la protección de su territorio.
La decisión se conoció después de que la Corte Suprema revocara el fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la norma. Sin embargo, el máximo tribunal no se pronunció sobre la constitucionalidad de fondo del artículo 154: resolvió que la entidad que había impulsado aquella demanda no tenía legitimación suficiente para sostener el caso. Como consecuencia, la derogación continúa vigente.
Passalacqua cuestionó el escenario que se abre a partir de esa situación y sostuvo que Misiones queda expuesta frente a la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros.
El gobernador fundamentó su posición en las características particulares de la provincia, que posee más del 90% de su territorio lindante con fronteras internacionales, una importante biodiversidad y una estructura productiva con fuerte presencia de pequeños productores. “No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, sostuvo.
Qué cambió con la derogación de la Ley de Tierras
La Ley 26.737 establecía restricciones para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. El DNU 70/2023 dispuso su derogación, eliminando ese régimen nacional de limitaciones.
La reciente resolución de la Corte no cerró la discusión judicial sobre el tema. El propio tribunal dejó abierta la posibilidad de que otros actores con legitimación suficiente presenten nuevas demandas o soliciten medidas cautelares.
En ese escenario, Misiones buscará ahora llevar su propio planteo ante la Justicia y discutir el impacto de la desregulación sobre la autonomía provincial y la administración de su territorio.
