El gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras oficializar un esquema de anticipos financieros por hasta $400 mil millones destinados exclusivamente a provincias alineadas o “dialoguistas”, en una jugada que profundiza las tensiones con el resto del país.
La medida fue formalizada a través del Decreto 219/2026, firmado por el propio Presidente junto a Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y establece el otorgamiento de fondos adelantados de coparticipación federal a 12 provincias.
El reparto no es general: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán son las beneficiadas. El resto, directamente queda afuera.
La decisión vuelve a instalar una lógica que ya genera críticas en distintos sectores:
👉 recursos públicos distribuidos según afinidad política.
Aunque el Gobierno presenta la medida como un alivio financiero, lo cierto es que se trata de anticipos que deberán devolverse dentro del mismo ejercicio fiscal, con intereses del 15% anual.
El mecanismo incluye retenciones automáticas de la coparticipación, lo que implica que las provincias deberán resignar fondos futuros para cubrir estos adelantos.
La medida llega en un contexto delicado: las provincias acumulan ocho meses de caída en la recaudación y enfrentan fuertes tensiones fiscales.
Según advierten desde distintos distritos, la pérdida de ingresos en el primer trimestre supera el billón de pesos respecto al año pasado, lo que impacta directamente en salarios, servicios y paritarias.
Mientras el Gobierno busca garantizar apoyos clave en el Congreso —en medio de debates sensibles como la reforma de la Ley de Glaciares—, crecen las críticas por un esquema que, lejos de ordenar, profundiza la grieta entre provincias.
El mensaje que deja la medida es claro: hay fondos… pero no para todos. Y en medio de una crisis que atraviesa a todo el país, la discusión ya no es solo económica, sino también política.
