El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas expresó su profunda preocupación por los retrocesos registrados en Argentina desde finales de 2023 en materia de derechos de las mujeres y diversidades, y reclamó al Estado la adopción de medidas urgentes, sostenidas y con recursos suficientes para revertir la situación.
En sus observaciones finales, el organismo alertó sobre el cierre y la degradación de instituciones clave, la retracción de políticas públicas y una drástica reducción presupuestaria destinada a prevenir la violencia de género, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, sostener la Educación Sexual Integral (ESI) y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).
Seguimiento especial y exigencias en dos años
De manera excepcional, el Comité no esperó al próximo informe periódico y exigió que Argentina entregue, en un plazo de dos años, información escrita sobre cómo implementó recomendaciones prioritarias vinculadas al acceso al aborto legal y seguro, la ESI, la prevención de la violencia de género y el acceso a la justicia.
“Argentina asumió compromisos internacionales claros en materia de derechos de las mujeres y hoy debe adoptar medidas urgentes para asegurar su cumplimiento. Lo que está en juego es la vida, la autonomía y los derechos sexuales y reproductivos de millones de mujeres y adolescentes”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Violencia de género: desmantelamiento de políticas de protección
El Comité manifestó especial preocupación por el debilitamiento de los mecanismos de protección, como el Programa Acompañar, que redujo el tiempo de asistencia y exige denuncia previa, y la línea 144, afectada por recortes en financiamiento, personal y accesibilidad, incluso para mujeres con discapacidad.
También advirtió sobre la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, lo que generó fragmentación institucional, y la reducción de los Centros de Acceso a la Justicia. En este marco, instó al Estado a restituir financiamiento adecuado, eliminar requisitos restrictivos y garantizar servicios accesibles e inclusivos.
Educación Sexual Integral y embarazo adolescente
El organismo alertó sobre un debilitamiento sustancial de la Ley de Educación Sexual Integral, con recortes presupuestarios, falta de formación docente y desmantelamiento de los mecanismos nacionales de coordinación. Además, expresó preocupación por la suspensión y el fuerte recorte del Plan ENIA, pese a sus resultados positivos en la reducción del embarazo adolescente.
El Comité recordó el principio de no regresividad en derechos humanos y exigió garantizar la continuidad y el fortalecimiento de estas políticas.
Aborto legal: barreras persistentes
Si bien reconoció el impacto positivo de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el CEDAW advirtió sobre obstáculos estructurales: falta de insumos, personal capacitado, equipamiento, uso abusivo de la objeción de conciencia y aumento de la mortalidad materna, especialmente por causas obstétricas directas.
Recomendó asegurar la disponibilidad real de los servicios, garantizar la provisión de misoprostol y mifepristona y restablecer mecanismos federales transparentes de monitoreo.
Violencia digital y ataques a periodistas
El Comité alertó sobre el incremento de la violencia digital contra mujeres, incluyendo acoso y difusión no consentida de imágenes íntimas, y señaló deficiencias en la implementación de la Ley Olimpia. Destacó el impacto agravado en mujeres periodistas y políticas, y pidió protocolos de respuesta rápida, capacitación judicial y coordinación con plataformas digitales.
Participación política y empleo
Aunque valoró los avances logrados con la Ley de Paridad en el Congreso, expresó preocupación por la baja representación de mujeres en cargos jerárquicos del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema y el servicio diplomático, así como las desigualdades a nivel provincial y municipal.
En materia laboral, el Comité advirtió que reformas recientes adoptadas sin evaluación de impacto de género podrían afectar de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a quienes asumen tareas de cuidado, profundizando desigualdades estructurales.
Un llamado urgente al Estado
El CEDAW, integrado por 23 especialistas independientes de todo el mundo, concluyó que el Estado argentino debe dar explicaciones antes del próximo ciclo de revisión y demostrar avances concretos. El seguimiento de estas recomendaciones será clave para evaluar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de igualdad, no discriminación y derechos humanos de las mujeres.
