La Justicia de Comodoro Rivadavia autorizó la apertura formal de una investigación penal contra Lautaro Miranda, acusado de haber atropellado y arrastrado a un perro hasta provocarle la muerte en el barrio Standart Norte.
La audiencia se desarrolló en los tribunales penales del barrio Roca y estuvo presidida por el juez Miguel Caviglia, quien hizo lugar al pedido formulado por la fiscalía y dio inicio a la investigación preparatoria.
De acuerdo con la acusación provisoria, el episodio ocurrió el 2 de junio de 2025, alrededor de las 19:00 horas, cuando Miranda circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen Gol por avenida Nahuel Huapi.
Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el conductor lo hacía a una velocidad cercana a los 90 kilómetros por hora, en una zona urbana del sector norte de la ciudad.
En ese contexto, un perro mestizo, de tamaño mediano y pelaje claro, cruzaba la intersección de avenida Nahuel Huapi y calle 8 de Diciembre cuando fue embestido por el vehículo.
La fiscalía sostuvo que, lejos de detenerse de inmediato, el conductor continuó la marcha y arrastró al animal hasta la intersección con calle Facundo Quiroga, donde recién frenó luego de que otro automovilista le bloqueara el paso.
El perro murió en el lugar entre cinco y diez minutos después, como consecuencia de las heridas sufridas por el impacto y el posterior arrastre.
La acusación judicial
Además, la investigación remarca que el imputado no habría realizado ninguna maniobra para asistir al animal tras el atropellamiento.
Por ese motivo, la conducta fue encuadrada provisoriamente como crueldad animal, contemplada en la legislación vigente sobre maltrato animal.
La causa es impulsada por la fiscal Verona Dagotto, mientras que en la audiencia el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por María Belén Martini.
Defensa y plazo de investigación
La defensa pública, a cargo de Juliana Fuentes, no se opuso a la apertura del proceso, aunque solicitó que también se tenga en cuenta la versión del acusado durante la investigación.
Finalmente, el magistrado fijó un plazo de seis meses para reunir pruebas y avanzar con el expediente.
