El diputado nacional Santiago Santurio quedó envuelto en una fuerte polémica luego de ser denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y supuestas irregularidades vinculadas a un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación por 239 mil dólares.
La presentación judicial fue realizada por la diputada Marcela Pagano, quien cuestionó el crecimiento patrimonial del legislador libertario y aseguró que no existirían ingresos declarados suficientes para justificar la compra de una vivienda valuada en alrededor de 300 mil dólares en un barrio privado bonaerense.
Según la denuncia, Santurio había declarado en 2024 un patrimonio cercano a los 12 millones de pesos, compuesto por ahorros, dinero en efectivo y unos pocos dólares depositados en cuentas bancarias. Sin embargo, en julio de 2025 accedió a un préstamo hipotecario considerado “VIP” dentro del escándalo que involucra a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo.
La presentación judicial sostiene además que el diputado no tendría capacidad económica suficiente para afrontar el crédito, ya que la cuota mensual representaría casi el 50% de su ingreso neto, muy por encima del límite del 25% fijado por el propio banco para este tipo de operaciones.
Otro de los puntos cuestionados es que Santurio recibió un plazo de cancelación de 30 años, pese a que su mandato legislativo finaliza en menos de tres años, lo que —según la denuncia— pondría en duda la estabilidad laboral exigida para acceder al beneficio.
La polémica también alcanza a su esposa, María Celina Aguilar Bugeau, quien según la denuncia no figuraría inscripta en ARCA y tampoco tendría ingresos formales suficientes para respaldar la operación.
Pagano también pidió investigar la supuesta omisión de un condominio inmobiliario activo desde 2013 que, según afirma, nunca fue declarado por el legislador en sus declaraciones juradas oficiales.
El caso se suma al escándalo de los llamados “créditos VIP” otorgados a dirigentes libertarios y funcionarios vinculados al oficialismo, una causa que actualmente se encuentra unificada en un expediente judicial a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
