En medio de la fiebre mundialista el Gobierno de Javier Milei busca avanzar en un proyecto que se transforma en un paquete de medidas que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego.
El Gobierno parece tener el camino allanado para avanzar con la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se trata de un paquete de medidas que elimina las restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales sin límites, habilita los desalojos exprés y desmantela las protecciones sobre los bosques nativos y las tierras arrasadas por el fuego. Además de los aliados del PRO y la UCR, los bloques provinciales están dispuestos a prestar colaboración. El gobierno le dio la potestad a las provincias de autorizar o rechazar las ventas y con eso ganó apoyos. La versión final del dictámen que circuló tras el partido entre Argentina a Inglaterra llevaba el número 15 y revela los cambios que el texto continuó recibiendo incluso después de haber salido de comisiones. La sesión fue convocada para las 12 del mediodía y será la última antes del receso de invierno.
“Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado. Nosotros insistimos con nuestro rechazo porque a la Argentina hay que defenderla en todas las canchas”, dijo el senador Wado de Pedro. El peronismo trabajó para bloquear, al menos, la extranjerización de la tierra, el capítulo que mayor preocupación le generaba, pero al cierre de esta edición todavía no había logrado reunir los consensos necesarios aunque decían “estar cerca”.
La ley vigente no prohíbe la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros: establece un límite del 15 % sobre el total de la superficie rural del país. Según el Observatorio de Tierras, hoy los capitales extranjeros poseen alrededor del 5 % —unas 13 millones de hectáreas—, por lo que la normativa actual todavía les
permitiría adquirir cerca de 26 millones de hectáreas más. La reforma impulsada por el Gobierno elimina esos límites, incluso en departamentos donde la extranjerización ya supera el 40 % o el 50 %, habilitando la concentración de territorios considerados estratégicos
Otras reformas dentro del paquete
El gobierno busca modificar el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y elevar las indemnizaciones, lo que dificultará que futuros gobiernos recuperen activos estratégicos. Con una normativa similar en 2012, la expropiación del 51 % de YPF, que permitió al Estado recuperar el control de la compañía e impulsar el desarrollo de Vaca Muerta, habría resultado mucho más compleja.
Entre las reformas se habilitan los desalojos exprés al permitir que un juez ordene la restitución inmediata de un inmueble sin esperar una sentencia definitiva.
Finalmente, la reforma de la Ley de Manejo del Fuego elimina las restricciones para modificar el destino de las tierras incendiadas, facilitando la especulación inmobiliaria.
