El Tribunal Oral Federal N°5 juzgará a Justo Fernando Barrientos, el único acusado por el ataque agravado por el odio a la identidad y orientación sexual de dos parejas de lesbianas. Testificarán veinte personas, entre vecinos, policías y peritos. El imputado está detenido en el penal de Ezeiza por haber lanzado la bomba casera que comenzó el incendio en el hotel familiar que terminó con la vida de Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Figueroa.
El juicio por el triple lesbicidio de Barracas –ocurrido en mayo de 2024– comenzará este lunes en el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires. El único imputado es Justo Fernando Barrientos, acusado de lanzar una bomba casera a la habitación donde dormían dos parejas de lesbianas, matando a tres e hiriendo de gravedad a una.
A más de dos años del crimen, cuando comience el debate oral Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente de la masacre, no podrá declarar por recomendación de su equipo médico. “Su deseo más profundo sería asistir y declarar, poder romper todo. De algún modo lo intenta, pero le hace mal a nivel traumático”, remarcaron los allegados a la investigación. Según el observatorio de violencias de género Ahora que sí nos ven, Castro Riglos sigue enfrentando las consecuencias físicas y emocionales de “una violencia que no empezó esa noche, sino mucho antes, en un contexto sostenido de discriminación y hostigamiento por la orientación sexual”.
Testificarán veinte personas, entre vecinos, policías y peritos. El imputado está detenido en el penal de Ezeiza por haber lanzado la bomba casera que comenzó el incendio en el hotel familiar –ubicado en Olavarría al 1600– que terminó con la vida de Pamela Cobbas, Andrea Amarante y Roxana Figueroa.
Cobbas falleció un día después del incendio en el Instituto del Quemado. Allí también, pero dos días después, murió Figueroa, con el 90% de su cuerpo incinerado. Castro Riglos pudo sobrevivir a pesar de las gravísimas quemaduras, pero habiendo estado internada durante todo un mes en ese mismo nosocomio. Amarante falleció tras cinco días de agonía en el Hospital Penna.
Barrientos enfrenta cargos por “triple homicidio agravado por haber sido cometido por odio de género y por la orientación sexual de las damnificadas, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con homicidio en grado de tentativa por idénticos motivos y agravantes”. Se espera una pena de prisión perpetua.
Buscan justicia y jurisprudencia
En el caso hay tres querellas: una que representa a familiares de las víctimas, otra a Castro Riglos como sobreviviente y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans+ (FALGBT), que buscan un fallo ejemplar que reconozca los lesbicidios. Además de garantizar justicia para las cuatro mujeres, un fallo que considere como agravantes los ataques por orientaciones sexuales podría sentar precedente jurisprudencial.
Las querellas habían solicitado que Barrientos fuera juzgado por cuádruple homicidio doblemente agravado por violencia de género y odio a la orientación sexual, en grado de tentativa en el caso de Castro Riglos. La Fiscalía solicitó que se apliquen los agravantes de prejuicio a las víctimas, alevosía y peligro común.
La representante de la FALGBT, Samanta Pedrozo, sostuvo que fue un ataque a toda la comunidad queer: “Es un delito que afectó a cuatro personas: tres murieron y una quedó viva, sobreviviente. Pero eso no deja de ser un ataque contra una comunidad. Es decir, un ataque contra cuatro personas que tenían un proyecto de vida determinado y que pertenecían a una comunidad”.
Discursos y crímenes de odio
“Hay elementos de prueba suficientes que demuestran que para el acusado fue determinante la orientación sexual de las víctimas para perpetrar el ataque. Todos coincidimos en eso”, subrayaron fuentes del caso. Otros habitantes de la pensión coincidieron en que el acusado no estaba de acuerdo con las formas y elecciones de vida de sus vecinas: “les molestaba que fueran mujeres, que fueran lesbianas y que vivieran ahí”, describió Pedrozo. Barrientos, constantemente, hablaba de ellas en términos peyorativos y estereotipados.
La FALGBT denunció que en 2021 se contabilizaron 120 casos de crímenes de odio por orientación sexual, identidad o expresión de género, que en 2024 fueron 140 y en 2025, 227. En la primera mitad del año pasado, los crímenes aumentaron un 70% con respecto al mismo período del año anterior. El Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica (2023) indicó que el 21% de las personas de la comunidad sufrió agresiones dentro de sus propias familias y el 31% fue atacada por vecinos o desconocidos en la vía pública.
La organización resalta dos posibles causas: el vaciamiento de las políticas públicas destinadas a la comunidad LGBT+ y los discursos de odio hacia la comunidad lanzados desde el Gobierno y funcionarios públicos de alto rango.
“Este crimen lesboodiante ocurrió en un contexto nacional de retroceso en políticas de género y de discursos que deshumanizan, legitiman la violencia y habilitan estos ataques, profundizado desde la asunción como presidente de Javier Milei. Cuando el odio se vuelve discurso público, la violencia se vuelve práctica”, explicaron desde Ahora que sí nos ven.
Dos semanas después del discurso de Davos de Javier Milei en enero de 2025, donde trataba a las personas LGBT de “pedófilos”, un hombre quemó la casa de dos lesbianas en Cañuelas.
Así, para distintas organizaciones la relación entre los discursos de odio y estos crímenes es innegable. “Exigimos justicia para Pamela, Roxana y Andrea y reparación para Sofía. BASTA de discursos de odio que ponen en riesgo la vida de las personas LGBTI+. Porque cuando el Estado retrocede, la violencia avanza. Justicia es que no vuelva a pasar”, sostuvieron desde Ahora que sí nos ven.
Todavía deben realizarse pruebas complementarias como peritajes e hisopados.
Fuente: Página 12
