El Gobierno nacional y YPF se presentaron ante la jueza Loretta Preska para rechazar el pedido de los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, que buscan utilizar documentación obtenida en el juicio de Estados Unidos dentro de un eventual arbitraje internacional ante el CIADI.
La presentación oficial sostiene que esa información se encuentra protegida por acuerdos de confidencialidad firmados durante el proceso judicial en Nueva York y que su utilización está limitada exclusivamente a esa causa.
Según argumentó la defensa argentina, a cargo del estudio jurídico Sullivan & Cromwell, la documentación recolectada durante la etapa de “discovery” solo puede ser utilizada para el litigio actualmente en trámite en tribunales estadounidenses y no para otros procesos judiciales o arbitrales.
Además, remarcaron que esas condiciones fueron homologadas por la Justicia hace varios años y cuentan con respaldo de instancias superiores.
Desde la postura oficial entienden que habilitar el traslado de esa prueba a otro ámbito implicaría modificar reglas ya acordadas entre las partes.
Los fondos demandantes intentan avanzar con una nueva estrategia luego del reciente revés judicial sufrido en Estados Unidos y procuran utilizar el material reunido durante años de litigio para fortalecer un eventual reclamo ante el CIADI.
El Gobierno también cuestionó que ese arbitraje aún no fue iniciado formalmente, por lo que considera improcedente autorizar el uso de información reservada en un proceso que todavía no existe.
El antecedente judicial
El conflicto tiene como eje la expropiación del 51% de YPF realizada en 2012 por el Estado argentino.
En las últimas semanas, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó sin efecto una condena de primera instancia por unos 16.100 millones de dólares contra la Argentina, lo que modificó el escenario judicial del caso.
Tras esa decisión, los demandantes anticiparon que buscarán revertir el fallo y, al mismo tiempo, explorar nuevas vías de reclamo internacional.
Qué es el CIADI
El CIADI es un organismo del Banco Mundial que interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros.
Argentina fue uno de los países con mayor cantidad de litigios en ese ámbito durante las últimas décadas, especialmente tras la crisis económica de comienzos de los 2000.
