La Justicia condenó a los exfuncionarios por el cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado en una causa iniciada por irregularidades en la ampliación de gasoductos. El juicio comenzó en 2024 y sentó en el banquillo a 30 acusados, entre exfuncionarios, empresarios e intermediarios. Hubo condenas para exdirectivos de la constructora y 17 absoluciones.

Más de veinte años después de los hechos investigados, la Justicia dictó sentencia en el caso Skanska, considerado uno de los primeros grandes escándalos de corrupción que atravesaron al kirchnerismo durante su etapa en el Gobierno nacional.

El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López a cinco años de prisión por los delitos investigados alrededor de la adjudicación de obras para ampliar dos gasoductos.

Además de las penas de prisión, ambos exfuncionarios recibieron la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El veredicto fue anunciado por el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, después de un juicio oral iniciado en 2024 y al que llegaron 30 personas acusadas de participar en diferentes etapas de la maniobra.

La investigación se concentró en el supuesto pago de sobornos y la existencia de sobreprecios vinculados con obras para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, adjudicadas durante 2004.

Según la acusación, la constructora sueca Skanska habría pagado coimas para asegurarse contratos de obra pública y utilizado posteriormente una estructura de facturación falsa para justificar la salida del dinero.

La maniobra investigada incluía la utilización de más de veinte empresas consideradas fantasma, que emitían facturas por servicios que nunca habían sido prestados. A través de ese mecanismo se habría intentado ocultar el movimiento de los fondos destinados al pago de sobornos.

Uno de los elementos centrales que permitió avanzar con la investigación surgió dentro de la propia compañía. Una grabación realizada por la empresa reveló declaraciones de uno de sus ejecutivos vinculadas con el pago de coimas para obtener las obras.

El proceso judicial también alcanzó a antiguos responsables de la constructora y otros intermediarios involucrados en las operaciones investigadas.

Mario Piantoni, quien había sido uno de los principales responsables regionales de Skanska; Gustavo Vago, expresidente de la empresa en Argentina; y Javier Azcárate, exgerente comercial, fueron condenados a cuatro años de prisión.

Otros exdirectivos, entre ellos Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba, recibieron penas de tres años de prisión condicional.

De las 30 personas que llegaron al juicio oral, 17 fueron absueltas.

El caso Skanska comenzó a ocupar el centro de la escena pública durante el primer mandato de Néstor Kirchner y se convirtió en uno de los primeros expedientes judiciales que investigaron presuntos mecanismos de corrupción vinculados con la obra pública durante aquella administración.

Sin embargo, el expediente atravesó durante años diferentes instancias judiciales, planteos de las defensas y discusiones sobre las pruebas incorporadas antes de llegar finalmente al juicio oral y al veredicto conocido este lunes.

Para Julio De Vido, la sentencia se suma a una condena anterior vinculada con la tragedia ferroviaria de Once.

En noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la pena de cuatro años de prisión impuesta al exministro de Planificación Federal al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta.

Con el fallo conocido este lunes, la Justicia cerró una nueva etapa de una investigación iniciada hace más de dos décadas y que expuso un esquema de sobornos, facturación falsa y direccionamiento de contratos alrededor de obras estratégicas de infraestructura energética.

Las condenas todavía podrán ser recurridas ante instancias superiores, mientras se aguarda conocer los fundamentos completos de la sentencia para determinar los argumentos utilizados por el Tribunal Oral Federal N° 4 para establecer las responsabilidades de los exfuncionarios y empresarios involucrados.