En una sesión extensa, tensa y atravesada por fuertes cuestionamientos, el oficialismo logró aprobar durante la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, en lo que sectores opositores y organizaciones ambientales ya califican como un grave retroceso en materia de protección de recursos naturales.
La votación se concretó a las 2:30 de la mañana con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, tras más de 11 horas de debate en la Cámara de Diputados. El Gobierno reunió el quórum y los votos necesarios gracias al respaldo de bloques aliados y legisladores de provincias con intereses en la actividad extractiva.
Una ley que flexibiliza la protección ambiental
La reforma modifica el espíritu de la Ley 26.639 y redefine qué se considera zona protegida. A partir de ahora, solo quedarán resguardadas aquellas áreas que cumplan una “función hídrica efectiva”, un criterio que será definido por cada provincia.
En la práctica, esto abre la puerta a habilitar proyectos mineros y de explotación de recursos en territorios que hasta ahora estaban protegidos, lo que genera preocupación en sectores científicos y ambientales.
Además, el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) queda condicionado a la información que aporten las propias provincias, debilitando el control técnico independiente.
Acusaciones de “ley a medida” y posible judicialización
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. Legisladores denunciaron que el proyecto responde a intereses del sector extractivo y advirtieron que podría derivar en presentaciones judiciales por inconstitucionalidad.
También cuestionaron el proceso legislativo, señalando irregularidades en las audiencias públicas y falta de debate real. La sesión estuvo marcada por intentos fallidos de incorporar otros temas sensibles, como la interpelación al jefe de Gabinete, en un clima de alta conflictividad política.
Protestas, detenciones y rechazo en las calles
Mientras dentro del Congreso se avanzaba con la votación, afuera se desarrollaba una masiva protesta de organizaciones ambientalistas, activistas y distintos sectores sociales que rechazaban la reforma.
La movilización incluyó una vigilia durante toda la jornada, intervenciones públicas y transmisión en vivo del debate. Sin embargo, el operativo de seguridad derivó en incidentes y en la detención de manifestantes, en un escenario que volvió a poner en tensión el vínculo entre el Gobierno y la protesta social.
Desde las organizaciones denunciaron que la nueva ley pone en riesgo reservas estratégicas de agua y acusaron al oficialismo de avanzar “de espaldas a la sociedad”. Además, anticiparon que recurrirán a la Justicia para intentar frenar su implementación.
Una votación acelerada y con final anunciado
Pese a la magnitud del debate, el desenlace estaba prácticamente definido desde el inicio. Con los votos asegurados, el oficialismo incluso redujo la lista de oradores en el tramo final, acelerando la votación en la madrugada.
Así, el Gobierno logró sancionar una reforma clave para su agenda productiva, pero al costo de profundizar la grieta política y abrir un nuevo frente de conflicto social y ambiental que promete continuar en los tribunales y en las calles.
