En la sala de audiencias N°1 de la Oficina Judicial de Sarmiento se desarrolló este jueves una audiencia clave en una causa por delitos contra la integridad sexual ocurridos en la localidad de Alto Río Senguer.
El proceso avanzó mediante la solicitud de aplicación del instituto de juicio abreviado, en relación a cuatro hechos de abuso sexual simple agravado en contexto de violencia de género.
Los episodios investigados tuvieron lugar entre marzo y octubre de 2023. Durante la audiencia, la fiscal Rita Barrionuevo y el abogado defensor Iván López presentaron ante el juez penal Ariel Quiroga un acuerdo que fue aceptado por el imputado, identificado por sus iniciales D.G.C. (40). En ese marco, el acusado reconoció los hechos, asumió su responsabilidad penal y prestó conformidad con la pena acordada, además de renunciar a su derecho a un juicio oral.
De ser homologado el acuerdo, el imputado recibirá una condena de tres años de prisión de ejecución condicional, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer la docencia en todos sus niveles, en virtud de que los hechos fueron calificados como agravados por su rol como encargado de la educación.
En su exposición, la fiscal detalló el sustento probatorio de la acusación, que incluyó testimonios de las víctimas y testigos obtenidos mediante Cámara Gesell, así como informes periciales elaborados por el área de Criminalística del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, subrayó que los hechos se encuadran dentro de la ley de protección integral contra la violencia de género.
Por su parte, desde la Asesoría de Familia, la abogada adjunta Sofía Maestro informó que se mantuvo contacto con las víctimas y sus entornos familiares para explicar el alcance del acuerdo. En ese sentido, el organismo expresó su conformidad con la homologación del mismo, postura que también fue acompañada por la defensa.
El acuerdo contempla, además, el cumplimiento de reglas de conducta durante el plazo de tres años. Entre ellas, se establece la obligación de fijar y mantener domicilio, informar cualquier cambio, la prohibición de acercamiento y contacto —por cualquier medio— con las víctimas, con un perímetro mínimo de 100 metros, la presentación semestral ante la Agencia de Supervisión de Esquel y la realización de tratamiento psicológico, sujeto a evaluación profesional.
Finalmente, el juez Quiroga indicó que tomará el plazo legal correspondiente para analizar la validez y alcance del acuerdo. La resolución será comunicada por escrito en los próximos días.
Cabe recordar que, conforme a los protocolos vigentes para el tratamiento informativo de este tipo de delitos, se resguarda la identidad de las víctimas y del imputado, con el fin de proteger a las personas involucradas y garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.
