La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó el informe “Contaminación Acústica en la República Argentina.
Contribuciones para el debate de un abordaje nacional”, en el que advierte sobre la falta de una legislación nacional específica para prevenir y mitigar los efectos del ruido ambiental, una problemática en crecimiento en ciudades y zonas industriales.
El documento señala que la contaminación acústica es uno de los principales riesgos ambientales para la salud, con consecuencias directas en el bienestar físico y mental. Según la Organización Mundial de la Salud, la exposición prolongada al ruido puede generar trastornos del sueño, enfermedades cardiovasculares, estrés, pérdida auditiva y afectaciones cognitivas, especialmente en niños y niñas.
El informe remarca que en Argentina la regulación del ruido es desigual y fragmentada. Solo dos jurisdicciones cuentan con leyes específicas, mientras que en la mayoría de las provincias la problemática se aborda de manera parcial o queda limitada al ámbito municipal. Esta situación provoca vacíos normativos y deja a amplios sectores de la población sin una protección adecuada frente a este tipo de contaminación.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la Defensoría sostiene que el ruido excesivo vulnera derechos fundamentales como el acceso a un ambiente sano, la salud, el descanso, la vivienda y la igualdad, con un impacto más profundo en los sectores socialmente más vulnerables. En ese sentido, advierte que la contaminación acústica no debe ser considerada solo una molestia, sino una forma de degradación ambiental que exige una respuesta estatal integral.
Ante este escenario, el organismo propone avanzar en una ley nacional de presupuestos mínimos que establezca criterios técnicos unificados, límites de exposición al ruido, mecanismos de control y sanción, zonificación acústica y herramientas de planificación como mapas de ruido. Además, recomienda fortalecer la articulación entre Nación, provincias y municipios, promover la educación ambiental y garantizar la participación ciudadana.
“El equilibrio acústico es un bien colectivo y un componente esencial de la calidad de vida. Proteger el ambiente implica también proteger entornos sonoros saludables”, señala el informe, que se presenta como un aporte técnico para el debate legislativo y el diseño de políticas públicas en la materia.
