Lucrecia Falón, docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y una de las denunciantes de Bruno Sancci, en diálogo con InfoSur Radio, que se emite por Petroleros Jerárquicos, expresó preocupación ante la situación generada por una resolución judicial que favoreció al docente en su reclamo contra la Universidad y reclamó que la institución garantice condiciones de protección para quienes realizaron las denuncias. Falón remarcó que, según su interpretación del proceso, la decisión judicial estuvo vinculada con aspectos administrativos del sumario y no resolvió el fondo de las acusaciones.
La situación de Sancci dentro de la Universidad tiene varios años de antecedentes. En junio de 2019, estudiantes, graduadas y docentes realizaron una denuncia colectiva por situaciones que describieron como violencia, hostigamiento y abuso de poder. El procedimiento administrativo derivó posteriormente en su cesantía, que fue discutida en distintas instancias universitarias y judiciales.
Falón recordó durante la entrevista con Infosur en la Radio de Petroleros Jerárquicos que ella misma integra el grupo de denunciantes. “Yo soy una de las denunciantes”, remarcó, y recordó que los episodios que denunció se produjeron cuando ejercía como vicedecana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Su denuncia por amenazas durante aquel período aparece también registrada en documentación del Consejo Directivo de la Facultad correspondiente a 2019.
“Nos preocupa la protección de las compañeras”
Falón sostuvo que la principal preocupación actual pasa por determinar qué medidas adoptará la Universidad frente a la nueva situación.“Lo que nos preocupa es la protección de las compañeras, principalmente qué decisión va a tomar la Universidad”, afirmó.
Según relató, después de conocerse públicamente la posibilidad del regreso de Sancci, algunas integrantes del colectivo comenzaron a recibir mensajes agresivos a través de redes sociales.
Frente a esta situación Falón reclamó que la institución garantice que estudiantes y trabajadoras puedan desarrollar normalmente sus actividades. “Nosotros como denunciantes, como estudiantes, tenemos derecho a poder entrar tranquilas, a trabajar, a estudiar en la Universidad. Queremos una universidad libre de violencia”, expresó.
Una discusión sobre el procedimiento
Uno de los aspectos centrales de la entrevista estuvo relacionado con las razones que permitieron que la situación administrativa de Sancci volviera a ser discutida judicialmente.
Falón reconoció que durante la tramitación del sumario existieron problemas relacionados con los tiempos y procedimientos administrativos.
Según explicó, la denuncia colectiva fue presentada en 2019 y la Universidad comenzó posteriormente el proceso sumarial. Desde su perspectiva, algunas de las falencias procedimentales terminaron teniendo consecuencias en sede judicial.
“El fondo de la cuestión no fue resuelto”, sostuvo Falón.
La docente diferenció así dos planos: por un lado, las acusaciones y testimonios que originaron las actuaciones universitarias y, por otro, la regularidad administrativa del procedimiento mediante el cual se adoptaron las sanciones.
Esa distinción resulta relevante: una revisión judicial de un procedimiento administrativo no debe presentarse automáticamente como una declaración sobre la veracidad o falsedad de las denuncias originales, salvo que la sentencia así lo establezca expresamente.
Una denuncia colectiva que comenzó en 2019
Los antecedentes públicos permiten establecer que el 24 de junio de 2019 se presentó formalmente una denuncia colectiva contra Sancci y que posteriormente se abrió un sumario administrativo.
En 2020, cuando comenzaron las declaraciones dentro de ese procedimiento, Falón ya señalaba públicamente que seis mujeres integraban la presentación colectiva.
En 2022, el Consejo Superior de la UNPSJB tuvo que resolver sobre la cesantía del docente. En aquella instancia, las denunciantes sostuvieron que durante el sumario se habían incorporado otros testimonios sobre situaciones ocurridas en distintos años.
Falón volvió sobre esos antecedentes durante la entrevista y aseguró que los testimonios describían lo que las denunciantes consideran un patrón de conducta prolongado en el tiempo.
El protocolo y los recursos disponibles
La docente también planteó interrogantes sobre la capacidad de la Universidad para implementar plenamente sus herramientas destinadas a abordar situaciones de violencia.
Falón recordó que participó en las discusiones relacionadas con el protocolo universitario y que desde entonces se reclamaba la conformación de equipos profesionales especializados.
Según explicó, las restricciones presupuestarias dificultaron contar con la estructura originalmente prevista.
La existencia del protocolo y de canales institucionales para realizar denuncias en la UNPSJB está documentada públicamente desde hace varios años. Falón ya había advertido en 2022 que la implementación completa requería equipos especializados en las distintas sedes.
Para la docente, la experiencia del caso Sancci también debería servir para revisar los procedimientos internos y evitar que eventuales errores administrativos terminen debilitando las respuestas institucionales.
“Cuando uno ve que todos estos errores institucionales nos llevan a esta situación, decimos: algo tenemos que aprender y cambiarlo”, expresó.
El reclamo de acompañamiento
Falón insistió finalmente en la necesidad de acompañar a quienes recurren a los mecanismos institucionales para denunciar situaciones de violencia.
Sostuvo que organizaciones estudiantiles, sindicales, feministas y vinculadas con los derechos humanos cumplen un papel importante en ese acompañamiento. “Es muy importante demostrar que las personas denunciantes no están solas”, señaló.
Y aseguró que quienes integraron el colectivo continuarán reclamando respuestas tanto dentro como fuera de la Universidad.
El nuevo escenario vuelve así a colocar el foco sobre dos cuestiones diferentes pero relacionadas: la situación administrativa de Sancci y las garantías que la UNPSJB deberá brindar a las personas que participaron de las denuncias y continúan desarrollando actividades dentro de la institución.
