La jueza Eve Ponce determinó que durante el juicio no pudo acreditarse que el imputado fuera responsable de la muerte de los animales ni de la contaminación ambiental investigada. El fallo sostuvo que las sospechas no alcanzaron el grado de certeza necesario para una condena.
La Justicia de Rawson absolvió al único acusado por la muerte de tres perros envenenados con un pesticida en el barrio La Isla. La decisión fue adoptada por la jueza penal Eve Anahí Ponce, quien concluyó que durante el debate no se logró demostrar la autoría del imputado.
El caso había llegado a juicio por la muerte de tres animales y una acusación vinculada también con contaminación ambiental. Sin embargo, tras analizar las pruebas producidas durante el debate oral, la magistrada consideró que no existían elementos suficientes para atribuirle penalmente los hechos al acusado.
“No se acreditó la autoría”
En los fundamentos de la resolución, Ponce sostuvo que correspondía absolver al acusado debido a que no se había alcanzado el grado de certeza requerido para una condena.
La jueza recordó que toda persona mantiene su estado de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y señaló que, ante la existencia de una duda razonable sobre la responsabilidad penal, esta debe resolverse a favor del imputado.
La magistrada aclaró además que la decisión no implica desacreditar a los denunciantes ni a los testigos que declararon durante el proceso.
Según explicó, el juicio oral es la instancia en la que la hipótesis presentada por la acusación debe ser sometida a prueba y alcanzar un nivel de certeza suficiente para determinar la culpabilidad.
El hecho existió, pero no pudieron probar quién fue el responsable
Uno de los puntos centrales del fallo es que la Justicia no descartó la gravedad de lo ocurrido con los animales. La sentencia reconoció la existencia de un hecho que calificó como “atroz”, pero diferenció esa circunstancia de la posibilidad de atribuírselo concretamente a la persona que llegó acusada al juicio.
Para Ponce, la imputación no logró superar el terreno de la sospecha y las pruebas presentadas no permitieron establecer, más allá de toda duda razonable, que el acusado hubiera actuado deliberadamente en el envenenamiento de los tres perros.
En consecuencia, la jueza dispuso su absolución, al considerar que no estaban acreditados los extremos necesarios para dictar una sentencia condenatoria.
