La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este martes un nuevo capítulo: la Justicia ordenó peritar el teléfono celular del contratista Matías Tabar, quien declaró haber cobrado unos 245 mil dólares en efectivo por obras realizadas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá.
La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y busca reconstruir las comunicaciones mantenidas entre Tabar, Adorni y personas de su entorno, en una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y que ya empieza a generar fuerte desgaste político para el gobierno de Javier Milei.
Según trascendió, el objetivo de las pericias es determinar la trazabilidad de los pagos, el vínculo entre las partes y posibles acuerdos económicos relacionados con las remodelaciones realizadas en la propiedad del funcionario.
El propio contratista entregó voluntariamente su dispositivo móvil para que sea analizado por la fiscalía, en una etapa considerada clave dentro del expediente.
Pagos en efectivo y sin documentación
La causa tomó mayor dimensión luego de que Tabar declarara ante la Justicia que recibió aproximadamente 245 mil dólares en efectivo por las obras, una modalidad de pago que despertó sospechas entre los investigadores debido a la falta de documentación respaldatoria.
Durante su testimonio, el contratista detalló que los trabajos incluyeron remodelaciones de alto costo y se desarrollaron durante varios meses. También aportó presupuestos, registros y distintos elementos vinculados a la obra.
Ahora, el análisis del contenido del celular podría revelar conversaciones privadas, movimientos de dinero y eventuales coordinaciones entre el contratista y el entorno del funcionario.
Un nuevo foco de tensión para el Gobierno
La investigación golpea de lleno a uno de los principales voceros y defensores políticos del modelo libertario. Adorni se convirtió desde el inicio de la gestión en una de las caras más visibles del gobierno de Milei y en el encargado de sostener públicamente el discurso oficial.
Sin embargo, mientras el oficialismo insiste en denunciar supuestas “operaciones políticas”, la causa continúa avanzando en tribunales y suma medidas de prueba cada vez más sensibles.
El expediente también alimenta cuestionamientos opositores sobre la transparencia del Gobierno nacional, que llegó al poder con un discurso centrado en la “casta”, la austeridad y el combate contra los privilegios de la política tradicional.
