El caso es investigado en la ciudad de Puerto Madryn, la denuncia fue realizada por la madre de la alumna. La justicia secuestró dispositivos y prohibió el acercamiento del imputado. La cadena de mensajes configura un caso de grooming en primera instancia.
El Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn avanza en la investigación de un presunto caso de grooming que involucra a un docente y a una alumna menor de edad.
A partir de la denuncia radicada por la madre de la joven, la Fiscalía impulsó medidas urgentes para resguardar a la víctima y preservar evidencia clave para el esclarecimiento de los hechos.
La investigación, a cargo de la fiscal general María Eugenia Vottero, se inició tras detectarse comunicaciones inapropiadas entre un docente de la Escuela N° 750 y una adolescente de 13 años.
Según surge de la denuncia, el imputado habría establecido un contacto directo con la menor a través de WhatsApp, por fuera del ámbito escolar, con mensajes de carácter personal, ajenos a cualquier finalidad pedagógica.
Entre ellos, le escribía: “quería ser su poeta; que quería ser su amor; que la quería; y que no quería estar lejos de ella”.
En este marco, el juez autorizó un allanamiento en el domicilio del imputado con el objetivo de secuestrar dispositivos electrónicos —teléfonos celulares, chips y otros soportes digitales— que podrían contener evidencia relevante para la causa. Asimismo, se habilitó la requisa personal del sospechoso y de las personas presentes en el lugar, ante el riesgo de ocultamiento o eliminación de pruebas.
En relación con la calificación legal, las conductas podrían configurar el delito de grooming, previsto en el artículo 131 del Código Penal con penas de 6 meses a 4 años de prisión, para quien contacte a una persona menor de edad con fines sexuales a través de medios digitales.
Como medida de protección, se dispuso la prohibición de acercamiento y contacto del imputado respecto de la víctima, su grupo familiar y el establecimiento educativo al que asiste, en un radio de 200 metros y por el plazo de 30 días. Esta decisión busca garantizar la integridad de la adolescente mientras avanza la investigación.
La causa continúa en etapa investigativa y se prevé la realización de pericias sobre los dispositivos secuestrados, así como otras medidas que permitan determinar con precisión los hechos y eventuales responsabilidades.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
