La senadora nacional por Chubut, Edith Terenzi, votó en contra del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares al advertir que presenta vicios constitucionales y supone un retroceso en los estándares de protección ambiental vigentes.
En su rol como presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, Terenzi explicó que habilitó el tratamiento del expediente “por coherencia institucional”, garantizando el debate parlamentario pese a no compartir el contenido de la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.
Debate plural, voto negativo
Al iniciar el tratamiento de la ley, la senadora detalló el trabajo realizado de manera conjunta entre las comisiones de Ambiente y de Minería, destacando que se garantizó la participación de todas las voces involucradas. Durante las jornadas de debate expusieron representantes del Ejecutivo Nacional, gobernadores integrantes de la Mesa del Litio y del Cobre, técnicos de organismos especializados y diversas organizaciones ambientalistas.
“Mi responsabilidad es garantizar el funcionamiento del Congreso y el tratamiento de los proyectos que ingresan, independientemente de si coincido o no con ellos”, sostuvo Terenzi. “No somos todos iguales. Yo respondí con responsabilidad institucional”, remarcó al fundamentar su postura.
Una discusión constitucional, no ideológica
Al explicar su voto negativo, la senadora coincidió con la exdiputada Graciela Caamaño al señalar que “este no es un debate ideológico, sino una cuestión de constitucionalidad”.
“Me preocupan los efectos jurídicos concretos de esta reforma, porque significa un retroceso en los estándares de protección ambiental y entra en abierta contradicción con el artículo 41 de la Constitución Nacional, con la jurisprudencia de la Corte Suprema y con la legislación ambiental vigente”, afirmó.
En ese sentido, recordó que uno de los principales cuestionamientos históricos a la Ley 26.639 fue la supuesta afectación del dominio originario de los recursos naturales de las provincias, establecido en el artículo 124 de la Constitución. Sin embargo, subrayó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya descartó esa objeción, al sostener que no existe contradicción entre ambos artículos.
“El Estado nacional fija los presupuestos mínimos de protección ambiental y las provincias conservan la gestión y administración de los recursos. La Ley de Glaciares no vacía competencias provinciales: establece un piso mínimo de tutela ambiental indispensable para evitar asimetrías regulatorias”, explicó.
Federalismo ambiental y acuerdos internacionales
Terenzi sostuvo que la ley vigente se inscribe en un modelo de federalismo ambiental de concertación, que reconoce a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua y bienes ambientales colectivos cuya protección requiere coordinación interjurisdiccional.
Además, cuestionó que el proyecto de reforma no haya cumplido con los procedimientos previstos en el Acuerdo de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, y advirtió una contradicción con el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, aprobado en la misma sesión.
“Represento a una provincia con una altísima sensibilidad ambiental. Este debate merece otro vuelo. Una reforma regresiva y con visos de inconstitucionalidad no genera seguridad jurídica, como pretende el Gobierno, sino todo lo contrario: genera más incertidumbre”, señaló.
Postura ratificada
Finalmente, la senadora reafirmó su rechazo a la iniciativa: “Este proyecto debilita el estándar mínimo de protección ambiental, se aparta del modelo de federalismo ambiental y desconoce la doctrina consolidada del Máximo Tribunal. Por eso corresponde preservar la vigencia plena de la Ley de Glaciares”.
Y concluyó: “En diciembre firmé el dictamen en disidencia y hoy ratifico esa postura con mi voto negativo”.
