En la antesala del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Amnistía Internacional publicó un duro informe que denuncia un desmantelamiento acelerado de las políticas de género en el país.
A dos años del actual gobierno, Argentina atraviesa el mayor retroceso en casi cuatro décadas en materia de protección y derechos para mujeres y diversidades.
Según la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el país ocurre un femicidio cada 35 horas, mientras que —advierte Amnistía— el Estado “desarmó instituciones clave, recortó el 89% del presupuesto destinado a violencia de género y eliminó 13 programas fundamentales”, entre ellos el Programa Acercar Derechos (PAD), que solo en 2023 asistió a más de 59 mil mujeres y diversidades.
“Argentina quedó sin un organismo específico de género”
Desde la llegada al poder de Javier Milei, la política nacional en la materia fue reducida a su mínima expresión. Amnistía señala que por primera vez en casi 40 años el país no cuenta con un área estatal dedicada a prevenir y atender la violencia de género, dejando a miles de personas sin contención ni herramientas de protección.
Su directora ejecutiva, Mariela Belski, fue categórica:
“Lo que pasa en Argentina es parte de una ofensiva global que busca frenar los avances en derechos de mujeres y diversidades. No son retrocesos accidentales, responden a una agenda que quiere borrar conquistas de décadas”.
Línea 144 y Programa Acompañar, en caída libre
La Línea 144, creada para asistir a mujeres en situación de violencia, fue convertida en un servicio genérico, perdiendo especificidad. De acuerdo con la organización:
- perdió dos tercios de su presupuesto,
- tiene 45% menos trabajadoras,
- y dejó de tener equipo completo en turnos críticos.
Entre 2019 y 2023 atendió más de 93 mil casos, pero entre 2024 y 2025 las comunicaciones por violencia cayeron un 32%, correlato directo del vaciamiento institucional, sostiene el informe.
El Programa Acompañar, que asistió a 350.000 mujeres desde 2020, sufrió un recorte del 90% y restricciones de acceso, dejando sin apoyo económico a miles de víctimas en situación de riesgo.
Derechos sexuales y reproductivos: más barreras y menos acceso
Amnistía reporta un aumento del triple en denuncias por obstáculos para acceder a abortos IVE/ILE respecto de todo 2024. El Estado nacional tampoco adquirió los insumos esenciales para garantizar estos derechos en 2024 y 2025.
Además:
- La entrega de anticonceptivos y test de embarazo cayó 81%.
- El Plan ENIA, clave para reducir embarazos adolescentes, quedó sin financiamiento para 2026, lo que pone en riesgo políticas que habían logrado reducir a la mitad la maternidad en niñas y adolescentes.
Violencia digital: ataques amplificados desde el poder
La violencia de género en entornos digitales también se profundizó. Amnistía advierte un incremento de agresiones contra periodistas, comunicadoras y voceras feministas, con campañas de hostigamiento, deepfakes, difusión de contenido sexualizado, amenazas y ataques coordinados.
Un caso emblemático es el de Julia Mengolini, quien denunció ante la CIDH una campaña de violencia digital amplificada por el propio presidente, que llegó a dedicarle casi 100 publicaciones en X.
“Cuando las víctimas son mujeres, la violencia toma formas específicas para deslegitimar su voz y expulsarlas del debate público”, explicó Lucila Galkin, directora de género de Amnistía Argentina.
Argentina deberá dar explicaciones ante Naciones Unidas
En 2026, el país será evaluado por el Comité CEDAW de la ONU. Amnistía advierte que los recortes, la ausencia de políticas efectivas y la desprotección estatal podrían implicar incumplimientos internacionales y responsabilidad por violaciones a los derechos humanos.
La organización insistió en que el mundo estará observando y que el Estado argentino deberá responder por decisiones que “profundizan la vulnerabilidad de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+”.
