Uruguay dio un paso histórico en materia de derechos al poner en marcha la ley que regula la muerte médicamente asistida, tras la firma del decreto reglamentario por parte del presidente Yamandú Orsi.
Con esta medida, el país se convierte en el tercero de América Latina en legalizar la eutanasia, sumándose a Colombia y Ecuador, y se posiciona entre las naciones que reconocen este derecho a nivel global.
La normativa había sido aprobada por el Senado en octubre de 2025 y ahora entra en vigencia con su reglamentación. Al anunciar la medida, Orsi destacó que se trata de una decisión atravesada por debates éticos, filosóficos y personales, donde la dignidad humana ocupa un lugar central.
Además, remarcó que la ley se complementa con la reciente legislación sobre cuidados paliativos, consolidando un enfoque integral en el final de la vida.
Quiénes pueden acceder
La ley establece criterios estrictos para acceder a la eutanasia:
Ser mayor de edad
Estar en pleno uso de sus facultades mentales
Padecer una enfermedad incurable, irreversible o en etapa terminal
Sufrir un deterioro grave o dolor considerado insoportable
El proceso deberá ser evaluado por equipos médicos y psicológicos, dentro del sistema de salud, garantizando un análisis riguroso en cada caso.
Uno de los puntos clave es que la persona puede revocar su decisión en cualquier momento, asegurando que el procedimiento respete la voluntad del paciente en todo el proceso.
En América Latina, el camino hacia la legalización ha sido progresivo. Colombia fue pionero desde fines de los años 90, mientras que Ecuador avanzó recientemente tras un fallo judicial.
Ahora, Uruguay se suma con una ley que establece un marco claro y regulado, abriendo un nuevo capítulo en el debate sobre derechos individuales, salud y dignidad.
La implementación de esta normativa vuelve a poner en discusión uno de los temas más sensibles de la agenda pública: cómo garantizar el derecho a decidir sobre el propio final de vida en condiciones de respeto, cuidado y acompañamiento.
