El secretario general del Municipio se refirió al conflicto con la ex prestataria, puso el foco en la situación de los trabajadores y rechazó las advertencias judiciales dirigidas a los ediles. También volvió a plantear interrogantes sobre el 2% que se abonaba en concepto de incidencia por despido.
El secretario general de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Andrés Blanco, se refirió al conflicto abierto tras la salida de Patagonia Argentina del sistema de transporte público y respaldó la actuación de los concejales en medio de las diferencias entre el Municipio y la ex prestataria.
Las declaraciones se conocieron mientras el Ejecutivo mantiene reuniones con trabajadores de la empresa para abordar su situación laboral y el futuro del servicio. Según informó el Municipio, esos encuentros se vienen desarrollando desde hace aproximadamente dos semanas.
Blanco cuestionó a la conducción de Patagonia Argentina y sostuvo que la firma perdió la licitación por dificultades vinculadas con la interpretación del pliego de bases y condiciones. Esa valoración corresponde a la posición expresada por el funcionario municipal y forma parte de la disputa que mantiene el Ejecutivo con la empresa saliente.
Otro de los puntos que puso sobre la mesa fue el destino del 2% que el Municipio abonaba mensualmente a la empresa bajo el concepto de incidencia por despido. Blanco planteó dudas sobre el uso de esos fondos en el actual escenario laboral, aunque la información difundida oficialmente no detalla el monto total involucrado ni una rendición específica sobre ese concepto.
El funcionario también rechazó las advertencias sobre posibles acciones judiciales contra concejales que intervinieron en decisiones relacionadas con el transporte público. “Me parece repudiable que un abogado amenace veladamente a los concejales que fueron elegidos por la comunidad, sean del partido que sean, con hacerles juicio y que los asuste con responder con sus propios bienes”, afirmó.
Desde el Ejecutivo señalaron que la prioridad es sostener el servicio y acompañar a los trabajadores durante el proceso de transición, en un escenario atravesado por el cambio de prestadora y por diferencias legales y económicas que todavía continúan abiertas.
