El oficialismo buscará acelerar este miércoles en la Cámara de Diputados el debate de la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que genera fuerte rechazo en organizaciones ambientalistas por considerar que abre la puerta al avance de la megaminería en zonas de alta sensibilidad ambiental.
El tratamiento comenzará a las 10 en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente y Asuntos Constitucionales, en medio de advertencias de especialistas y colectivos socioambientales sobre los riesgos que implicaría flexibilizar la normativa que protege reservas estratégicas de agua dulce.
Una reforma que preocupa a las provincias cordilleranas
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para atraer inversiones extractivas, especialmente en minería y energía.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas advierten que modificar la ley vigente podría debilitar uno de los marcos de protección más importantes para los ecosistemas de montaña.
En provincias como Chubut, donde existe un fuerte rechazo social a la megaminería —expresado en movilizaciones masivas y en la defensa del agua como recurso estratégico— el debate vuelve a encender alarmas sobre el impacto ambiental de los proyectos extractivos.
Los glaciares y el ambiente periglacial cumplen un rol clave como reservas de agua dulce, fundamentales para el abastecimiento humano, la biodiversidad y el equilibrio climático en regiones áridas de la Patagonia.
Qué cambios propone el proyecto
La reforma busca modificar la Ley 26.639 para redefinir qué áreas del ambiente periglacial deben ser protegidas y cuáles podrían habilitarse para actividades económicas.
Mientras la normativa actual prohíbe actividades extractivas en esas zonas, el nuevo proyecto permitiría habilitar exploración minera e hidrocarburífera en determinadas áreas, siempre que cuenten con evaluaciones de impacto ambiental.
Además, el texto propone transferir mayor poder de decisión a las provincias, lo que para sectores críticos podría generar presiones políticas y económicas para flexibilizar controles ambientales.
Señal a inversores internacionales
El tratamiento legislativo también se vincula con la agenda económica del Gobierno, que busca mostrar señales favorables a la inversión extranjera.
En ese contexto, la administración nacional pretende presentar el avance de la reforma durante el evento Argentina Week 2026, que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo, con el objetivo de atraer capitales para proyectos extractivos.
Advertencias de organizaciones ambientales
Desde organizaciones socioambientales señalan que abrir la puerta a la explotación en zonas periglaciares podría comprometer ecosistemas frágiles y afectar reservas hídricas estratégicas.
El debate también revive la discusión sobre el modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de recursos naturales, especialmente en territorios donde las comunidades locales han manifestado reiteradamente su rechazo a la megaminería.
Para los colectivos ambientales, la reforma no sólo pone en juego la protección de los glaciares, sino también el futuro de las fuentes de agua que abastecen a numerosas regiones del país.
