Los gremios de docentes universitarios y no docentes realizan un nuevo paro desde este lunes hasta el 21, en la primera de una serie de medidas de fuerza para reclamar mejoras salariales en las universidades públicas. La protesta, organizada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, cuenta con la adhesión de Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Fatun, UDA y CTERA. Se busca profundizar el reclamo.
Desde este lunes y hasta el sábado 21 de marzo no habrá clases en las universidades públicas de todo el país. La decisión se comunicó el último viernes tras un acuerdo de las federaciones sindicales mencionadas. El plan de lucha se implementa en el inicio del cuatrimestre y contempla una marcha federal universitaria, además de la participación de estudiantes y trabajadores en jornadas de protesta.
Además, el Congreso de Conadu dispuso la profundización del plan de lucha con un paro universitario de una semana que se extenderá para las semanas que comienzan el 30 de marzo y el 27 de abril. El Plenario de secretarios y secretarias generales quedó facultado para convocar a medidas urgentes si avanza el debate parlamentario sobre la Ley de Financiamiento Universitario.
El cronograma de paros afecta a todas las universidades nacionales, con suspensión total de actividades durante los días previstos. La decisión cuenta con respaldo de los principales sindicatos, entre ellos Conadu y Fagdut, que confirmaron huelgas de cinco días hacia fines de marzo y abril. Fatun, que representa al personal no docente, adoptó una medida similar que se extiende hasta el 23 de abril. Fedun adhirió al cese de actividades del lunes 16 y anticipó nuevas protestas para las semanas siguientes.
En paralelo, el Frente Sindical acordó una marcha federal universitaria con fecha tentativa para el 23 de abril, organizada junto a estudiantes y trabajadores. Además, se instalará una carpa federal en defensa de la universidad pública y la soberanía, buscando mostrar el conflicto y la necesidad de articular con organizaciones territoriales.
Referentes gremiales subrayaron que el ciclo lectivo no podrá desarrollarse con normalidad mientras persista el conflicto salarial y presupuestario. Las federaciones advirtieron que las medidas de fuerza continuarán si no se atienden los reclamos de recomposición de haberes y convocatoria de paritarias.
El debate por la Ley de Financiamiento Universitario
Durante el primer semestre de 2024, docentes y no docentes de las universidades nacionales denunciaron una pérdida salarial cercana al 40% en los dos años de gestión del presidente Javier Milei. El Frente Sindical sostiene que el Poder Ejecutivo incumple la Ley de Financiamiento Universitario, especialmente en lo relativo al ajuste automático de salarios y becas conforme a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
La Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795), aprobada en octubre de 2025 tras seis votaciones parlamentarias y varias marchas federales, obliga al Estado a actualizar salarios y becas estudiantiles por inflación, ajustar gastos de funcionamiento y garantizar partidas para hospitales, ciencia y técnica. Además, establece la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático. El impacto fiscal de la norma representa el 0,23% del Producto Bruto Interno, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el organismo de análisis fiscal.
Tras su sanción, el Gobierno suspendió la aplicación de la ley en el mismo decreto que la promulgó, aunque la Justicia ordenó su implementación “inmediata” en diciembre, a pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), máximo órgano de coordinación de las universidades públicas argentinas.
A pesar de la orden judicial, el Poder Ejecutivo presentó a fines de febrero un proyecto alternativo que modifica varios aspectos centrales de la ley vigente, aunque no la deroga. Entre los puntos más controvertidos está la propuesta de un aumento salarial del 12,3% en tres cuotas durante marzo, julio y septiembre, lejos del 51% requerido por la ley aprobada. El último relevamiento del Banco Central estima una inflación del 26,1% para este año, lo que, según los sindicatos, implicaría una nueva reducción del poder adquisitivo si se aplican los porcentajes ofrecidos.
La reforma oficialista mantiene la convocatoria de paritarias cada tres meses, pero elimina la actualización mensual por inflación y no reconoce la caída de 2024. En cuanto a los gastos de funcionamiento, solo prevé actualizaciones si la inflación supera el 14,5% anual y establece una partida de 80.000 millones de pesos para hospitales universitarios, sin incrementos para becas, ciencia o extensión.
Fuente: Infobae
