El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, junto al viceintendente Maximiliano Sampaoli, recibió este miércoles por la mañana al diputado nacional Juan Pablo Luque para analizar la situación que atraviesa la ciudad tras el desplazamiento del cerro Hermitte, ocurrido el fin de semana.
El encuentro tuvo como eje las consecuencias del movimiento de suelo registrado en la zona norte de la ciudad, que obligó a evacuar a cientos de vecinos de los barrios Sismográfica, Marquesado, Los Tilos y Médanos, ante el riesgo geológico generado.
Durante la reunión, Macharashvili repasó las medidas adoptadas por el Municipio desde que se detectaron los primeros movimientos en el kilómetro 3. “Desde el inicio, a través del Comité de Emergencia, nos pusimos a disposición de los vecinos y trabajamos para mitigar la preocupación y el impacto de la situación”, señaló el intendente.
Asimismo, destacó el trabajo coordinado de las distintas áreas municipales en la asistencia material y sanitaria, especialmente tras el mayor desplazamiento registrado durante la madrugada del domingo. En ese sentido, subrayó que la prioridad fue preservar la seguridad de las familias afectadas. “Lo más importante es que no hubo que lamentar víctimas. La evacuación se desarrolló de manera ordenada, con el acompañamiento de fuerzas como la Policía del Chubut y el Ejército Argentino”, remarcó.
El jefe comunal también se refirió a la situación de las familias evacuadas que permanecen en albergues, mientras se avanza en la búsqueda de soluciones habitacionales definitivas. “Recorrimos los dispositivos de asistencia para llevar tranquilidad y transmitir que estamos trabajando para que cada familia tenga una respuesta”, expresó.
Por su parte, el diputado nacional Juan Pablo Luque manifestó su acompañamiento a las autoridades locales y detalló el proyecto presentado en el Congreso Nacional para declarar la emergencia social, geológica, habitacional y urbanística en las zonas afectadas por el deslizamiento del cerro Hermitte.
De avanzar esa iniciativa, se habilitaría un refuerzo de las prestaciones sociales nacionales para los damnificados, además de posibles incrementos en jubilaciones y pensiones y la suspensión del cobro de servicios públicos, como parte de un esquema de asistencia integral ante la catástrofe.
