El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores se reunirá el miércoles 30 de septiembre. El proyecto endurece sanciones por explotación de recursos en Malvinas, crea un Consejo de Seguridad Nacional y amplía herramientas frente a amenazas externas. Desde Unión por la Patria advierten que la iniciativa incluye disposiciones que exceden la cuestión Malvinas.
La Cámara de Diputados comenzará este miércoles 30 de septiembre a debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Poder Ejecutivo, una iniciativa que combina medidas vinculadas específicamente con Malvinas con cambios más amplios en materia de seguridad, defensa e inteligencia. El expediente ingresó formalmente el 17 de septiembre y fue girado a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.
El plenario está convocado para las 12 y, de acuerdo con el cronograma difundido, el oficialismo busca llegar a la firma de dictámenes el 6 de octubre.
Uno de los ejes centrales del proyecto es el endurecimiento de las sanciones para personas o empresas que exploten, sin autorización argentina, recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes. La propuesta reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía su alcance más allá de los hidrocarburos. El Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para fortalecer los reclamos soberanos y proteger recursos estratégicos.
La iniciativa también prevé un registro público de infractores, restricciones para contratar con el Estado y la posibilidad de aplicar juicio en ausencia para los delitos contemplados.
Otro de los capítulos que concentra mayor atención es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por autoridades de áreas como Jefatura de Gabinete, Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, inteligencia y asesoramiento legal. Según el proyecto, ese organismo tendrá funciones de coordinación estratégica en materias diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia.
También se contemplan medidas excepcionales frente a amenazas graves, entre ellas restricciones financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones y limitaciones sobre importaciones y exportaciones.
La propuesta incorpora además modificaciones en materia de defensa frente a amenazas externas estatales y no estatales, reglas sobre financiamiento extranjero de partidos y campañas, delitos relacionados con operaciones clandestinas de inteligencia y disposiciones vinculadas con el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento.
Las críticas de la oposición
Desde sectores de Unión por la Patria cuestionan que todas esas modificaciones estén incluidas dentro de un proyecto presentado bajo el eje de la defensa de la soberanía sobre Malvinas.
El diputado Juan Marino definió la iniciativa como un “caballo de Troya” y sostuvo que el Gobierno busca incorporar, junto con las sanciones relacionadas con Malvinas, un esquema más amplio de seguridad nacional con el que su espacio mantiene fuertes diferencias. Esa es la posición política expresada por el legislador y no una caracterización institucional del proyecto.
El oficialismo, en cambio, sostiene que la propuesta tiene tres objetivos principales: sancionar la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas, generar incentivos para que esas actividades cesen y dotar al Estado de herramientas para responder ante amenazas externas.
El debate comenzará así con coincidencias amplias respecto del reclamo argentino de soberanía sobre Malvinas, pero con diferencias importantes sobre el alcance de varias de las herramientas que el Ejecutivo pretende incorporar dentro de la misma ley.
