Los equipos de Pastoral Social de la Región Patagonia-Comahue expresaron su preocupación por la reciente ley que declara la inviolabilidad absoluta de la propiedad privada y advirtieron que la medida contradice el principio del bien común y la función social de la tierra.
A través de un documento titulado “En defensa del bien común frente a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, la Pastoral señaló que su postura se fundamenta en la Doctrina Social de la Iglesia y en la encíclica Magnifica Humanitas de León XIV. En ese marco, sostuvo que “la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para beneficio de todos los seres humanos, sin exclusión”, por lo que la propiedad privada debe estar siempre subordinada al bien común.
El pronunciamiento hace especial referencia a la Patagonia, definida como un territorio de pueblos originarios y comunidades que buscan vivir en armonía con la creación. Allí cuestiona la concentración y apropiación de grandes extensiones de tierra, tanto por parte de argentinos como de extranjeros, y advierte que la utilización de esos espacios con fines de negocio inmobiliario o de explotación de recursos naturales como el agua, la minería, el gas y los bosques, resulta incompatible con la enseñanza de la Iglesia.
En ese contexto, la Pastoral Social sostuvo que la concentración de la tierra atenta contra el acceso equitativo a los bienes necesarios para una vida digna y llamó a priorizar la justicia social y el cuidado de la “casa común”.
En el documento, los equipos pastorales de las diócesis de Alto Valle, Viedma, Neuquén, Río Gallegos, Rawson y San Carlos de Bariloche manifestaron su rechazo a toda legislación que “absolutice la propiedad privada y desconozca su función social”.
Asimismo, afirmaron que la tierra es un bien común destinado a todos, instaron a las autoridades a promover políticas que garanticen el acceso equitativo a la tierra y al trabajo, e invitaron a las comunidades patagónicas y del resto del país a defender el principio del bien común como base de la paz social, la justicia, la defensa del territorio y la soberanía nacional.
Finalmente, expresaron su adhesión a todas las acciones orientadas a generar conciencia sobre el tema y manifestaron su intención de trabajar para que la ley no sea aprobada, reafirmando que “el bien común exige que los bienes creados —incluida la tierra— se orienten hacia el desarrollo integral de cada persona y de toda la comunidad”.