El gobierno de Javier Milei avanza a toda velocidad para modificar la Ley de Glaciares y busca aprobar la reforma esta misma semana en el Congreso.
La iniciativa, impulsada por el bloque de La Libertad Avanza junto a sectores aliados, ya genera un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición que advierten sobre sus posibles consecuencias.
Según trascendió, el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para avanzar con el proyecto antes del viernes. Este martes se realizará un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados —de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales— para emitir dictamen y dejar listo el tratamiento en el recinto.
La velocidad del proceso es uno de los puntos más cuestionados: distintos sectores denuncian que se intenta aprobar una modificación sensible en pocos días, sin un debate profundo ni garantías de participación real.
El eje de la reforma apunta a flexibilizar aspectos de la normativa vigente con el objetivo de facilitar inversiones, especialmente en proyectos vinculados al cobre y el litio.
Para el Gobierno, se trata de una medida clave para dinamizar la economía. Sin embargo, desde el ambientalismo alertan que esto podría abrir la puerta a actividades extractivas en zonas actualmente protegidas, poniendo en riesgo reservas estratégicas de agua dulce.
Organizaciones socioambientales advierten que la Ley de Glaciares es una herramienta fundamental para proteger ecosistemas frágiles y recursos hídricos esenciales.
En ese sentido, cuestionan que la reforma priorice intereses económicos por sobre la protección ambiental y denuncian un retroceso en materia de legislación ambiental.
Durante el mes pasado se realizaron audiencias públicas con una alta participación —más de 100.000 personas inscriptas—, aunque solo una parte pudo exponer. Este punto también fue duramente criticado por sectores opositores, que consideran que el proceso no fue representativo ni transparente.
