El Gobierno nacional presentó este miércoles un nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca incentivar a los argentinos a incorporar al sistema financiero los llamados “dólares del colchón”, es decir, los ahorros en moneda extranjera que permanecen fuera de los bancos.
El anuncio fue encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, quienes adelantaron que el proyecto será enviado al Congreso en las próximas horas con modificaciones respecto de la norma aprobada en diciembre de 2025.
Pero, ¿qué significa esta ley y qué cambia para quienes tienen ahorros no declarados? Te lo explicamos.
¿Qué son los “dólares del colchón”?
Se trata de una expresión popular utilizada para describir los dólares que muchas personas guardan en sus casas, cajas de seguridad u otros lugares fuera del sistema bancario.
Según estimaciones del Banco Central citadas por Caputo, los argentinos mantienen alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito financiero.
“Es un muy mal negocio tener los dólares debajo del colchón. Necesitamos que esos recursos ingresen al sistema para que la economía crezca”, sostuvo el ministro.
¿Qué busca el Gobierno?
La propuesta pretende que quienes poseen esos ahorros puedan blanquearlos e incorporarlos al sistema financiero sin sanciones, siempre que cumplan con las condiciones previstas por la ley.
El objetivo oficial es que ese dinero pueda transformarse en créditos, inversiones y mayor actividad económica, además de ampliar la recaudación tributaria.
Caputo aseguró que el espíritu del proyecto “no cambia en absolutamente nada” respecto de la iniciativa original.
“La idea sigue siendo permitir que quienes se vieron obligados a ahorrar de manera informal puedan regularizar esos fondos sin penalidades”, afirmó.
¿Qué cambia con el nuevo proyecto?
Tras reuniones con contadores y especialistas tributarios, el Gobierno incorporó una serie de modificaciones destinadas, según explicó, a brindar mayor seguridad jurídica y facilitar la adhesión.
- Más personas podrán ingresar
Se eliminan los límites de patrimonio e ingresos que restringían el acceso al régimen.
En otras palabras, cualquier persona física o sucesión indivisa podrá adherir, independientemente del monto de sus bienes o ingresos.
- Habrá más margen para errores
Uno de los cambios más importantes apunta a las diferencias que pueda detectar ARCA (ex AFIP).
El nuevo texto establece que pequeñas diferencias en las declaraciones no implicarán automáticamente la pérdida de los beneficios del régimen.
Solo habrá inconvenientes cuando la diferencia supere determinados porcentajes y montos establecidos por la ley.
- ARCA deberá demostrar la diferencia
Otra modificación relevante es que la carga de la prueba pasa al organismo recaudador.
Esto significa que ARCA ya no podrá basarse únicamente en presunciones, sino que deberá respaldar sus observaciones con información concreta proveniente de declaraciones juradas, sistemas oficiales o datos de terceros.
- Habrá tiempo para corregir errores
Si un contribuyente recibe una observación, podrá presentar una declaración rectificativa y regularizar la diferencia dentro de un plazo de 15 días hábiles, evitando quedar excluido del régimen.
- Si el Estado se equivoca, deberá devolver el dinero
El proyecto también incorpora una garantía adicional.
Si un contribuyente paga una diferencia para mantener el beneficio y posteriormente la Justicia o la propia administración determina que el reclamo era incorrecto, ARCA deberá devolver el dinero con intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles.
¿Por qué el Gobierno impulsa esta medida?
Para el Ministerio de Economía, gran parte del ahorro de los argentinos permanece inmovilizado fuera del sistema financiero.
La apuesta oficial es que esos recursos ingresen a bancos e inversiones, permitiendo ampliar el crédito, fortalecer la actividad económica y sostener el proceso de reducción de impuestos que impulsa el Gobierno.
El proyecto comenzará ahora su recorrido legislativo en el Congreso, donde deberá debatirse antes de convertirse en ley.
