Amnistía Internacional presentó una demanda judicial contra la Municipalidad de San Isidro al considerar que un protocolo implementado por la gestión local impone obstáculos para acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, un derecho garantizado por la Ley 27.610.
Según la organización, la normativa municipal incorpora requisitos y procedimientos que no están contemplados en la legislación nacional, generando demoras y barreras que dificultan el acceso a la práctica.
Entre los cuestionamientos, Amnistía señala que el protocolo exige consultas psicológicas y sociales previas, solicita ratificar decisiones ya expresadas por las pacientes, modifica el cómputo del plazo legal para la realización del procedimiento y establece mecanismos que podrían afectar la confidencialidad y el secreto médico.
Además, la entidad advirtió que las interrupciones del embarazo solo pueden realizarse en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, excluyendo a los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Para la organización, esta restricción limita el acceso oportuno a la atención sanitaria y podría constituir una forma de objeción de conciencia institucional, una práctica prohibida por la normativa vigente.
“Lo que ocurre en San Isidro da cuenta de un alarmante retroceso. Ningún municipio puede imponer obstáculos adicionales para ejercer un derecho reconocido por ley”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La demanda judicial se enmarca en una serie de denuncias y testimonios recopilados durante 2024, 2025 y 2026 por mujeres, personas gestantes y profesionales de la salud, quienes reportaron dificultades para acceder a la práctica, exigencias no previstas por la ley, comentarios moralizantes y presuntas presiones sobre el personal sanitario.
La organización también cuestionó la falta de transparencia en torno al protocolo. Su existencia fue confirmada por el propio municipio en el marco de una causa judicial iniciada tras reiterados pedidos de acceso a la información pública.
Ahora será la Justicia la encargada de analizar la legalidad de la normativa municipal y determinar si vulnera los derechos establecidos por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
