La nueva Ley Penal Juvenil ya está vigente tras su promulgación. Organizaciones y especialistas advierten que la medida profundiza un enfoque punitivo sobre jóvenes en contextos de vulnerabilidad.
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una medida que ya entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial mediante el Decreto 138/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques.
La norma fue aprobada previamente en el Senado de la Nación con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención, en medio de un fuerte debate político, jurídico y social sobre el rol del sistema penal frente a adolescentes en conflicto con la ley.
Con el nuevo régimen, jóvenes de entre 14 y 16 años podrán ser imputados penalmente, algo que hasta ahora estaba reservado a partir de los 16 años. La ley establece un conjunto de sanciones que van desde amonestaciones, servicios comunitarios o monitoreo electrónico, hasta la posibilidad de privación de la libertad en determinados casos.
Si bien el texto de la normativa señala que la detención debe ser el último recurso y aplicarse por el menor tiempo posible, distintos especialistas y organismos de derechos humanos advierten que la reforma profundiza una mirada punitiva sobre la adolescencia, sin abordar las causas estructurales que atraviesan a los jóvenes en contextos de pobreza y exclusión.
En ese sentido, las críticas apuntan a que la criminalización temprana no resuelve los problemas de fondo vinculados a la desigualdad, la falta de oportunidades educativas, laborales y de contención social, factores que suelen estar presentes en los casos de adolescentes que ingresan al sistema penal.
Desde organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes recuerdan además que la Convención sobre los Derechos del Niño —con jerarquía constitucional en Argentina— establece que las políticas públicas deben priorizar la protección integral, la inclusión y el desarrollo de los jóvenes, antes que el castigo penal.
Otro punto de preocupación está vinculado a la experiencia internacional. En países como Chile, donde se implementó un régimen similar en 2007, especialistas señalan que las tasas de encarcelamiento de adolescentes aumentaron, especialmente entre los más jóvenes incorporados al sistema penal.
La ley también establece que, en caso de detención, los adolescentes deberán ser alojados en espacios especialmente acondicionados y separados de los adultos, con personal capacitado para su tratamiento, y prohíbe expresamente las penas perpetuas o condenas de duración indefinida.
Sin embargo, para muchos sectores sociales y académicos, la reforma se inscribe en una política de seguridad centrada en el endurecimiento penal, mientras se cuestiona la falta de políticas públicas integrales destinadas a garantizar derechos básicos como educación, salud, contención social y oportunidades para las juventudes.
En ese marco, la discusión sobre cómo abordar la conflictividad juvenil sin vulnerar derechos vuelve a instalarse en la agenda pública, en un país donde millones de adolescentes crecen en contextos de desigualdad estructural.
